Pueblos. Revista de información y debate

La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa: análisis de diez multinacionales españolas

Revista Pueblos — 2010-09-09T07:00:00Z

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) parece haberse impuesto con éxito en los discursos empresariales. Sobre esta hecho existen pocas dudas. Como señalaba The Economist [1], de forma no demasiado efusiva, la RSC ha ganado la batalla de las ideas. Sin embargo, la confirmación de esta victoria en el terreno ideológico abre una serie de interrogantes relativos a la delimitación del concepto RSC y acerca del alcance e implicaciones del mismo en la realidad de la práctica empresarial.

En el ámbito de las argumentaciones teóricas de entronque más ortodoxo, los posicionamientos varían dentro de un espectro que tiene como posiciones límite, por un lado, visiones de tipo instrumental, que consideran que la RSC únicamente debe ser aplicada cuando tiene impacto directo sobre la rentabilidad, y, por otro, enfoques de tipo normativo, que interpretan la RSC desde un punto de vista moral, es decir, como un imperativo de la práctica empresarial. Este tipo de desarrollos no son inocuos ni tienen un carácter anecdótico, sino que se trasladan a los discursos de críticos y defensores, así como de las propias empresas.

La controversia está, por tanto, abierta. En esencia, aquello sobre lo que nos preguntamos se circunscribe a un campo de discusión para nada novedoso en el ámbito de la RSC: ¿nos encontramos ante una renovación en los métodos empleados por los grupos empresariales para lograr viejos objetivos? O, por el contrario, ¿es factible una modificación sustancial en los mismos como resultado de la interiorización de las nuevas críticas formuladas por las sociedades donde éstas operan?

Trataremos de brindar cierta luz acerca de la potencial respuesta a estas cuestiones mediante el análisis de ciertos aspectos concretos vinculados con la RSC de diez transnacionales españolas.

Dotación de recursos: el caso de la acción social

Somos conscientes de que la noción de RSC no implica una relación de identidad con los programas relativos a acción social: existen múltiples dimensiones adicionales que implican desembolsos. Sin embargo, la ausencia de información estadística publicada por las propias compañías sobre recursos financieros destinados a los distintos ámbitos de RSC nos lleva a presentar el gasto en acción social como indicador aproximado del esfuerzo en materia de RSC (ver tabla 1 en la edición de Pueblos en papel o el PDF).

En términos de volumen, se observa cómo las partidas de gasto social representan un importe escasamente significativo dentro de las cuentas empresariales. El indicador considerado oscila entre el 0,05% (Repsol) y el 0,28% (BBVA). Sin embargo, el aspecto más relevante es el de su evolución temporal: de las diez empresas estudiadas, siete registraron una disminución en la intensidad en el gasto medido por este indicador. De los casos que registraron una evolución positiva, en dos de ellos se partía de niveles relativos por debajo del 0,10% (Acciona e Iberdrola).

Las dotaciones de recursos consignadas bajo el epígrafe acción social suponen, por tanto, volúmenes anecdóticos sobre el total de operaciones de las compañías analizadas. A pesar de que los discursos empresariales describen una responsabilidad que ha ido creciendo progresivamente respecto a cuestiones sociales y medioambientales, las partidas destinadas a acción social tienden a perder importancia relativa en la actividad de las empresas analizadas.

Grupos de interés y transparencia

En sus memorias sobre sostenibilidad, las empresas asumen, desde un punto de vista discursivo, compromisos exigentes con todos y cada uno de los grupos de interés y respecto a la sociedad en general. A modo de ejemplo, presentamos algunos fragmentos de los informes de sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2008 de algunas de las compañías analizadas. El BBVA establece como elemento guía de su política el lema “trabajamos por un futuro mejor para las personas” y afirma que “quiere ser una empresa que escucha a sus grupos de interés y que integre de la mejor manera posible sus expectativas”. [2] Iberdrola sustancia su visión en el siguiente objetivo “queremos ser la empresa preferida por nuestro compromiso con la creación de valor, la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente”. [3] Repsol manifiesta su compromiso de transformarse en “la empresa que tú quieres” lo que “significa que los valores de sostenibilidad, desarrollo social y respeto al medio ambiente deben formar parte sustancial de nuestros planes de crecimiento”. [4] La visión de Telefónica está en sintonía con las anteriores y se explicita del siguiente modo: “queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al desarrollo de las sociedades donde operamos”. [5]

La estrategia de comunicación en materia de RSC de las empresas analizadas parece, por tanto, orientarse por el intento de transmitir una imagen basada en fuertes valores (prudencia, integridad, credibilidad, etc.), la creación de bienestar para el conjunto de la sociedad, el interés en dar respuesta adecuada a las demandas de los grupos de interés involucrados de algún modo en la dinámica de la empresa y en mostrarse como instituciones transparentes desde un punto de vista informativo.

En la práctica, sin embargo, las empresas tienden a omitir, en sus memorias de sostenibilidad, información importante para sus grupos de interés sobre asuntos conflictivos que hayan sido relevantes en medios de comunicación o que hayan ocasionado movilizaciones relevantes en alguno de los contextos donde opera la compañía.

Aún más extraño es el caso en el que se informa sobre problemáticas que no hayan sido objeto de escrutinio público. Si particularizamos el análisis por empresa, prácticamente en ningún caso se incorporan impactos negativos en los informes. A modo de ejemplo, el Santander y Endesa no hacen referencia alguna acerca de su posicionamiento en torno a la polémica construcción de cinco presas en Aysén (Chile), que implica el desplazamiento de considerables cantidades de población y un elevado impacto ambiental en zonas de alto valor ecológico.

En el caso de Iberdrola, no se recoge mención alguna acerca de las problemáticas ocurridas en las centrales nucleares de Ascó I y II durante 2008, ni explicita su posicionamiento en torno a este tipo de energía. Unión Fenosa no informa en las memorias correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 sobre los conflictos asociados con la provisión de servicio que efectúa en Nicaragua, hechos que llevaron a un enfrentamiento directo con el Gobierno nicaragüense. Repsol tampoco toma posición respecto a los efectos sobre las comunidades indígenas derivados de sus actuaciones, limitándose a enumerar políticas e iniciativas en esta materia.

En algunos pocos casos, por tanto, las empresas parecen entender el principio de transparencia de un modo reactivo: ofrecer explicaciones acerca de conflictos particulares una vez que éstoshan saltado a la arena pública (como consecuencia de la actuación de terceras partes). En un mayor número de ocasiones, sin embargo, incluso cuando la problemática ha sido difundida suficientemente, las empresas optan por no ofrecer explicación.

Paraísos Fiscales

Existe un amplio consenso acerca de los efectos negativos que sobre el conjunto de la economía mundial genera la existencia de paraísos fiscales, pero ¿cuáles son las principales consecuencias inducidas por los mismos?

En primer lugar, socavan seriamente las disponibilidades de recursos por parte de los Estados. Los centros financieros extraterritoriales (CFE) permiten a personas físicas y jurídicas acceder a amplias exenciones impositivas sin el establecimiento de requisitos de residencia asociados. Un efecto adicional, de difícil cuantificación, es el derivado de la competencia fiscal inducida por la existencia de paraísos fiscales y de la actividad que empresas y particulares desarrollan en los mismos. Además, la canalización de flujos hacia los CFE en condiciones fiscales privilegiadas impacta de forma relevante en la competitividad de las compañías transnacionales, perjudicando notablemente a aquellas empresas que por tamaño y recursos no son capaces de tejer una red de subordinadas que operen en paraísos fiscales. Adicionalmente, los paraísos fiscales han jugado un papel relevante en la inestable dinámica financiera internacional que ha cristalizado en la actual crisis económica.

La existencia de un sistema bancario paralelo exento de cualquier tipo de supervisión y de medidas regulatorias efectivas que capturan una parte relevante de los recursos financieros internacionales supone un riesgo permanente para la dinámica económica mundial. De igual modo, los paraísos fiscales y las mencionadas cláusulas de confidencialidad y secreto bancarios constituyen un marco idóneo para el blanqueo de dinero obtenido mediante actividades ilícitas. [6]

En la Tabla 2 (ver en la edición de Pueblos en papel o el PDF). se presenta información relativa a la presencia de diez multinacionales españolas en paraísos fiscales. Todas ellas mantenían alguna subsidiaria en CFE. Dos de cada tres empresas participadas desarrollaban sus actividades en el ámbito financiero, incluso cuando la empresa matriz realizaba su actividad principal en un sector distinto. Además, trece de las subsidiarias realizaban actividades de sociedades de cartera, lo que resulta consistente con la literatura existente sobre paraísos fiscales. [7]

Las compañías analizadas se esfuerzan por presentarse a sí mismas como organizaciones transparentes, con canales de comunicación abiertos y bidireccionales con un conjunto amplio de grupos de interés, y guiadas por una serie de valores y principios éticos coherentes con el objetivo de la mejora del bienestar social. Sin embargo, todas ellas cuentan con subsidiarias en CFE sin que en ningún caso expliquen suficientemente sus actividades en esos ámbitos.

Conclusiones

El estudio de los desembolsos realizados por las compañías en concepto de acción social indica el escaso peso que los mismos tienen sobre el conjunto de operaciones de la empresa y, lo que es aún más relevante, identifican una tendencia hacia la reducción de su importancia dentro de éstas a lo largo del tiempo. No parece el comportamiento esperable si, como se apunta frecuentemente, la RSC constituye un elemento estratégico en las políticas de las compañías.

Se ha analizado cómo las transnacionales tienden a reaccionar en materia de comunicación ante la existencia de conflictos relevantes. Dichas estrategias se plantean, en el mejor de los casos, con un marcado carácter defensivo, cuando no absolutamente opaco. Una interpretación de la RSC como elemento estratégico de la empresa implicaría un grado de transparencia considerablemente mayor.

Se ha visto cómo las transnacionales estudiadas operan en paraísos fiscales. La actuación en este tipo de contextos implica profundas consecuencias negativas en una multiplicidad de ámbitos. Esto supone una divergencia de calado entre los discursos mantenidos por las empresas y su actuación en la realidad, proyectando dudas significativas sobre la aplicación de prácticas informativas en consonancia con el principio de transparencia.

Todo ello nos permite apuntar hacia la existencia de una considerable brecha entre lo que las empresas dicen hacer en sus discursos y aquello que realmente hacen en la práctica. Indicios, por tanto, de una utilización fundamentalmente retórica de la RSC que parecen alejarnos de aquellas perspectivas que valoran ésta como una transformación fundamental en el core business de la empresa y que, por tanto, nos acercan a posicionamientos instrumentales.

David Gutiérrez Sobrao es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y del Master de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.

[1] Crook, C. (2005). “The Good Company”, The Economist, 22 de enero, vol. 374, n. 8.410, pp.3-5.

[2] BBVA (2009), Informe Anual 2008. Responsabilidad Corporativa, p. 8.

[3] Iberdrola (2009), Informe de sostenibilidad 2008, p. 30.

[4] Repsol (2009), Informe de responsabilidad social corporativa, p. 11.

[5] Telefónica (2009), Informe anual de responsabilidad corporativa Telefónica, S.A. 2008, p. 10.

[6] Unger, B. (2007). “Money Laundering, Tax Evasion, Capital Flight, Tax Havens, the Rule based and the Risk Based Approach: Keep it Simple”, en Transnational Institute, Seminar on Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation, Amsterdam 12-13 de junio de 2007.

[7] Desai et al. (2006). “The demand for tax haven operations”, Journal of Public Economics, vol. 90, n.3, pp. 513-531.

Empresas transnacionales españolas: a más beneficios, menos salarios

Revista Pueblos — 2010-09-08T07:00:00Z

La gran expansión de las empresas transnacionales españolas en las últimas décadas ha sido un fenómeno que les ha permitido incrementar cuantiosamente sus niveles de beneficios. Tal expansión ha sido posible gracias al nuevo contexto financiero, el cual ha facilitado la financiación, fundamentalmente, mediante la emisión de acciones de sus actividades económicas. Sin embargo, y como mostramos en este artículo, el crecimiento de los beneficios no se ha traducido en un crecimiento igual en los niveles de empleo o de salarios.

El proceso de internacionalización de las empresas se inició a finales del siglo XIX y acusó un considerable descenso en el período comprendido entre las dos guerras mundiales. No obstante, con el ciclo expansivo de la posguerra se inició una recuperación de las inversiones extranjeras directas que se ha intensificado especialmente tras la crisis estructural de los setenta. De hecho, la importancia de las empresas transnacionales en el mundo se ha acentuado en las últimas décadas, tanto en volumen de inversiones como en número de empresas internacionalizadas.

Sin embargo, el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) se interrumpió en el año 2002, tras haber alcanzado un pico máximo en 2001, coincidiendo con la crisis de las llamadas empresas “puntocom” en Estados Unidos. No obstante, a partir de 2003 los flujos de IED mundial volvieron a crecer exponencialmente, superándose de nuevo en 2006 los máximos históricos.

En 2007 la IED había alcanzado un valor equivalente a 137 veces el valor de 1970 [1], y los flujos mundiales de IED aumentaron en sólo un año un 30% hasta alcanzar los 1.833.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la del año 2000 -cuando se alcanzó el último record- (UNCTAD, 2008). En conjunto, durante el período comprendido entre 1982 y 2007 el flujo de inversiones en el extranjero se había multiplicado por 32, los activos de las filiales de las multinacionales se habían multiplicado por 31 y las ventas de estas mismas filiales por nueve. [2]

No todo el flujo de capital se destina a inversiones en nueva planta sino que, como es sabido, pueden ser simplemente la representación contable de las fusiones y adquisiciones transfronterizas (FAT). Las FAT son, de hecho, la forma dominante dentro de la IED y en los últimos años ha representado el 88% del total de IED. [3]

Los flujos de IED y de FAT con origen en España han mostrado también una tendencia creciente, aunque sometida a importantes altibajos, que es incluso más intensa que en el resto del mundo. Si bien hasta mediados de la década de los ochenta las salidas de IED no habían superado nunca los 500 millones de dólares, en el año 2002 esa cifra alcanzaba ya los 58.213 millones, y en el año 2007 llegaba a los 119.609 millones. [4] Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin los cambios recientes en la economía mundial.

La “financiarización” de las economías desarrolladas

Tras la II Guerra Mundial, la economía mundial inició un ciclo expansivo que duró hasta la década de los setenta, cuando esta dinámica se quiebra derivando en una grave crisis estructural. La incapacidad de las medidas keynesianas para ofrecer una solución satisfactoria a dicha crisis, unida a la fuerte difusión de la ideología neoliberal a través de todo tipo de thinks tanks, condujo a un cambio radical en la configuración de la economía mundial.

La llegada a los gobiernos de partidos políticos de marcado sesgo neoliberal, como el de Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thatcher en Reino Unido, posibilitaron la puesta en práctica de medidas de choque que tenían como objetivo recuperar la rentabilidad de las empresas privadas: la desregulación y liberalización de los mercados, las privatizaciones de los activos públicos, así como el recorte en general de los sistemas de bienestar propios de la etapa keynesiana del capitalismo. Y lo consiguieron. Así, las tasas de ganancia se recuperaron a costa de la menor participación de los salarios en la renta y del aumento de los espacios de valorización de las empresas privadas como consecuencia de las privatizaciones y desregulaciones.

Como consecuencia de la profunda liberalización y desregulación del sector financiero proliferaron nuevos agentes financieros (fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, etc.) y nuevos instrumentos financieros (en especial los llamados derivados). Todo ello agudizó la globalización financiera y contribuyó a modificar el comportamiento de las unidades económicas básicas de las economías, esto es, de las empresas financieras, las empresas no-financieras, los hogares y el Estado.

Este nuevo contexto, que algunos autores han bautizado con el término de “financiarización”, abrió la puerta a nuevas formas de negocio para empresas y hogares y, en particular, permitió a las primeras el uso de nuevas fórmulas para la financiación de sus actividades.

Las empresas españolas en el contexto de la financiarización

Las empresas españolas se beneficiaron también de todos estos cambios y, en particular, de la enorme liquidez que existía en el mercado de acciones. Ello permitía financiar sus actividades preferentemente emitiendo acciones, y no a través de préstamos (que era lo habitual hasta entonces), consiguiendo así una financiación más barata. Pero además también permitía a las empresas introducirse con mejores perspectivas en el negocio de la compra de acciones de otras empresas, pudiendo así iniciar procesos de fusión con mayor facilidad.

En el año 2000, la emisión de acciones representaba en los balances financieros el 60% de la financiación total de las empresas no-financieras españolas, mientras que en 1990 no se llegaba al 35%. Pero, además, también ganaba peso la inversión en acciones, que pasó de representar un 10% del balance financiero en 1990 a hacerlo en un 45% en el año 2000. [5]

La expansión de las empresas transnacionales se logró, por lo tanto, gracias a la existencia de este nuevo contexto financiero. Las empresas transnacionales podían incluso comprar otras empresas con las mismas acciones que acababan de emitir, en un proceso denominado “canje de acciones” y que emplearon, entre otras empresas, Repsol y BBVA. [6] El contexto político mundial, con la aplicación en América Latina de los planes de ajuste neoliberales que llevarían a la privatización masiva de empresas públicas, cierra el esquema de expansión de la década de los noventa.

Así pues, encontramos que la dinámica reciente de las empresas transnacionales españolas está muy condicionada por la evolución del ciclo capitalista mundial y, particularmente, por el comportamiento de los mercados financieros. Por todo ello y tras el análisis de algunas variables fundamentales como la IED, los índices bursátiles y las ampliaciones de capital, diferenciamos tres subperíodos en la última década: dos de expansión y uno de estancamiento.

El primer subperíodo de expansión comienza en torno a 1996 y dura hasta el año 2000, cuando da inicio la etapa de estancamiento. Apartir de 2003 la actividad comienza a recuperarse y se inicia así un segundo ciclo de bonanza económica que durará hasta 2007. Pero, ¿cómo han evolucionado los beneficios, los salarios y los empleos de las empresas transnacionales españolas [7] en todo ese tiempo? ¿Han mantenido correspondencia las tres variables en las épocas de bonanza y de estancamiento?

Beneficios, salarios y empleos

Las principales variables microeconómicas de las empresas transnacionales españolas han mostrado un comportamiento divergente. En los subperíodos de expansión los beneficios de las empresas han tenido gran dinamismo, superando el 15% de crecimiento medio anual, mientras que en el período de estancamiento los mismos se han mantenido en niveles reducidos. El número de empleados [8] también ha seguido un comportamiento pro-cíclico, creciendo en los subperíodos de expansión (fundamentalmente en el primero) y retrocediendo en el de estancamiento.

No ocurre lo mismo con los salarios medios, que han mostrado un comportamiento irregular en los tres períodos: cayeron a un ritmo del 5% anual durante el primer subperíodo (lo que significa que las nuevas contrataciones se realizaron a través de salarios más reducidos), se contrajeron ligeramente en el segundo subperíodo y crecieron en torno a otro 5% anual durante el tercero.

El contraste entre la evolución de los beneficios por empleado y los salarios medios es significativo. A excepción del primer subperíodo, los empleados han sido cada vez más rentables para sus empresas, pero no se han visto recompensados con subidas salariales en consonancia. Así, tanto en el segundo como en el tercer subperíodo el beneficio por empleado creció muy por encima de lo que crecieron los salarios, y cuando durante el primer subperíodo cayeron tales beneficios, aún lo hicieron más los salarios.

Es importante hacer notar que este comportamiento descrito no es en absoluto homogéneo para el conjunto de empresas analizadas. Así, y como podemos ver en las tablas 1 y 2 (consultar la edición en papel o el PDF), aunque en conjunto se haya creado empleo (a una tasa media de crecimiento anual de 2,87%), las empresas financieras (Santander y BBVA) han visto reducido su personal de forma importante. Son también estas empresas, precisamente, las que mayor ritmo de crecimiento de los beneficios han experimentado.

Conclusiones

Un análisis posterior nos permitirá “bucear” entre los datos para estudiar con más detalle las diferencias entre las distintas empresas transnacionales y, si es posible, aumentar la muestra de las mismas. Este artículo, sin embargo, nos aporta desde ya algunas conclusiones significativas que apoyan la tesis según la cual en el seno de las ETN hay distintos grados de beneficiarios al respecto de las actividades empresariales.

De hecho, como hemos visto, el crecimiento de los beneficios no se ha traducido en un incremento igual en los niveles de empleo o de salarios. Más al contrario, la divergencia entre el comportamiento de los beneficios y de los salarios y empleo es cada vez más importante en el conjunto de empresas y para algunas, como las financieras, se da incluso una relación antagónica.

Alberto Garzón Espinosa es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

[1] Fonseca, J. (2008): “Corporaciones transnacionales y tendencias de la inversión extranjera en la globalización” en Ekonomiaz N. 68, 2º cuatrimestre.

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] UNCTAD (2010): Base de datos, disponible en www.unctad.org.

[5] BDE (2010): Cuentas financieras de la economía española, disponible en www.bde.es

[6] Carpintero, O. (2009): «La “sonrisa” de la heterodoxia» en Principios, nº 13.

[7] Intereses económicos españoles en las negociaciones comerciales Europa-África. Ka pesca en Senegal como ejemplo. SETEM, 2001.

[8] Cabe precisar que al ser datos oficiales no se está teniendo en cuenta ni el efecto de las externalizaciones ni la posible existencia de economía informal vinculada a las actividades de la ETN.

África: ¿Más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar?

Redacción - Pueblos — 2010-09-07T08:00:00Z

El marco comercial entre la Unión Europa y África para las próximas décadas se está negociando en la actualidad a través de los Acuerdos de Parteneriado Económico. Las negociaciones, si siguen por el camino actual, no van a ser la solución a los problemas que sufren algunos países africanos, al contrario, pueden conllevar severos impactos negativos para amplias capas de la población africana. Los posibles beneficios para determinadas empresas exportadoras europeas y africanas no justifican el sacrificio que pueden suponer los nuevos acuerdos para la mayoría de la población, los perjuicios en el marco de la integración regional africana y la reducción del margen de maniobra macroeconómico y social de los países africanos. Pero no todas las cartas están repartidas, aún es posible cambiar las normas del juego y evitar los impactos negativos que se pueden derivar de estos acuerdos.

La existencia de acuerdos comerciales regionales comienza ya a tener una historia larga. Si bien existían algunos acuerdos desde inicios de los años 60 (la misma Unión Europea nació con un acuerdo de este tipo), es durante los años 90 cuando comienzan su progresión ascendente tanto en número como en temáticas que se incorporan en el ámbito de la negociación.

La mayoría de los acuerdos más actuales incorporan elementos tanto de comercio internacional de bienes como de servicios y muchas veces van acompañados de la incorporación de políticas de “cooperación para el desarrollo”.

Desde el bloqueo de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio en la llamada Ronda de Doha iniciada el año 2001, han sido los acuerdos regionales los que han tomado el relevo de los acuerdos globales comerciales como punta de lanza para el establecimiento de marcos de libre comercio de obligado cumplimiento.

El papel de la UE

La Unión Europea tiene un papel importante en el establecimiento de estos nuevos acuerdos, no sólo porque es la zona mundial con más acuerdos comerciales regionales firmados, sino porque continúa con una activa política de promoción de nuevos acuerdos. Afinales del año 2009 tenía en negociación nuevos acuerdos regionales con Asia (ASEAN, India, Corea), Norte América (Canadá), América Latina (Mercosur), Magreb y Oriente Medio (Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Tunicia), Europa del Este (Ucrania) y los países ACP (África-Caribe-Pacífico) que trataremos más en detalle.

A inicios de los 90 los acuerdos de libre comercio se justificaban fácilmente bajo la secuencia:

Acuerdos de libre comercio= más comercio internacional= más crecimiento= más bienestar.

La idea básica era simple: señores gobernantes de los países del Sur, sacrifiquen parte de su margen de maniobra, acordemos a través de los tratados la prohibición de la mayoría de las políticas de gestión del comercio internacional (eliminen las barreras proteccionistas de todo tipo), potenciemos la privatización de buena parte de las estructuras públicas para permitir la competencia internacional, y asumamos la disminución de los recursos públicos obtenidos de los aranceles de las importaciones. Todo ello facilitará tal cantidad de crecimiento y generará tal bienestar que estas limitaciones serán compensadas con creces.

La experiencia ya existente ha mostrado que esta ecuación no se ha cumplido. Los Acuerdos de Libre Comercio no han llevado el bienestar prometido, al contrario, en demasiadas ocasiones han dificultado el desarrollo de los países y esto ha conllevado más pobreza para buena parte de la población que se ha visto desbordada por la situación.

Ante esta constatación, el discurso actual no ha cambiado significativamente, únicamente se han hecho matizaciones. Se sigue argumentando que la solución mágica pasa por el aumento del comercio internacional garantizado por los acuerdos regionales de libre comercio. La única novedad consiste en reconocer que quizás sea necesario pasar por una breve fase de “ajuste”, en la que los conflictos sociales ambientales y sociales se agudicen, pero, tras ella, de nuevo se encontrará la “tierra prometida” del mayor bienestar. Es una versión contemporánea de la conocida en la literatura internacional como “curva de Kuznets". La integración de las políticas de cooperación con las políticas comerciales se justifica justamente para facilitar el paso “del mal trago” en esta fase de transición.

¿Cómo se alcanza el bienestar?

¿Qué evidencias existen de que estos procesos se hayan dado en las experiencias existentes? No existen. La inmensa mayoría de los estudios muestran que, al contrario, no se puede asumir que un mayor comercio internacional acabe generando mayor bienestar ¿Por qué? Básicamente porque el proceso de generación de bienestar es más complejo que el de generación de riqueza (aumento del PIB), requiere entre otros muchos factores:

• La existencia de un sistema democrático que permita una adecuada conexión entre demandas ciudadanas y políticas públicas. Lo contrario conlleva procesos de concentración económica en pocas ilustramanos y abandono de las partes más desfavorecidas por los ajustes económicos generados. No es difícil pensar en numerosos países con sistemas poco democráticos en los que unas pocas familias –oligarquía local - con seguridad van a concentrar toda la riqueza que en el mejor de los casos se pueda generar en determinados sectores asociados a un mayor comercio internacional. La Unión Europea en la práctica, cuando negocia acuerdos regionales, no diferencia entre países con dictaduras o democracias, con buenos o malos sistemas de salvaguarda de los derechos humanos, etc. La razón es simple, pese a la retórica de desarrollo y comercio internacional, la Unión Europea está simplemente favoreciendo la internacionalización de la economía europea, los impactos exteriores están siempre a la cola de las prioridades en la negociación. Un ejemplo, la Unión Europea, a través de los Economic Partenership Agrements (EPAs), quiere fijar las normas del comercio internacional de los países africanos con la Unión Europea para las próximas décadas, las negociaciones las están llevando a cabo con países con importantes problemas democráticos. Según el Democracy Index de la revista The Economist, en el año 2008, de los 44 países africanos analizados, uno de ellos era considerado como una democracia plena, Mauricio, mientras que Sudáfrica estaba en el límite, 15 se consideraban como estados híbridos y 22 como estados con regímenes autoritarios y/o estados fallidos. Nada de lo anterior impide a la Unión Europea presionar a los países para que hipotequen su futuro durante décadas de manera inmediata y en total desconexión sobre la legitimidad de los firmantes y las derivaciones para sus sociedades.

• Capacidad para regular e implementar las políticas públicas. Es decir, una administración que funcione bien, con capacidad para establecer normativas en todas las zonas del país y capacidad para cumplirlas. No es difícil pensar en numerosos países donde esta condición no se cumple, en particular la parte de implementación de las políticas. Pese a ello, las únicas medidas con las que se apoya a los países para mejorar la capacidad legislativa y de implementación son ayudas para la buena gobernanza, pero en ningún caso se establece el conseguir los objetivos de buena gobernanza como pre-condición para la entrada en vigor de los acuerdos comerciales firmados, aspecto éste que sería lógico si verdaderamente se priorizara el desarrollo frente a la internacionalización per se.

• Capacidad para recaudar por otras vías que no sean aranceles y capacidad para redistribuir. No es casualidad que en muchos países sean los aranceles uno de los sistemas principales de financiación estatal, son simples de recaudar y en muchas ocasiones se pagan en monedas fuertes. El proceso de transformación a un sistema de recaudación basado en impuestos directos (sobre el margen de beneficio empresarial de las empresas locales) e indirectos (sobre el consumo, por ejemplo) es extraordinariamente complejo y tiene impactos redistributivos muy importantes. Las incipientes clases medias, los pequeños empresarios y el conjunto de ciudadanos, deben pagar por unos servicios (educación, sanidad, infraestructuras) que en muchas ocasiones no existen o son de calidad paupérrima. No hace falta ser un visionario para comprender que estos procesos requieren un ritmo paulatino y muy adaptado a la capacidad de la sociedad en la que se lleva a cabo para no acabar generando importantísimos conflictos sociales y/o la imimposibilidad práctica del cambio de política fiscal y la consecuente reducción de los ingresos de la administración pública. Sin embargo, la Unión Europea, en las negociaciones de los EPAs, mantiene una posición muy inflexible en los plazos y condiciones de liberalización. Durante años ha presionado a los países del ACP para que acepten una liberalización mínima del 80% en un plazo de 15 años, una imposición que ha encontrado la oposición de muchos países africanos que han mostrado su desacuerdo ya que no existe ninguna barrera técnica para mantener inamovibles estos aspectos, se trata meramente de una imposición.

• El no uso de otros mecanismos que falsean la competencia. Si se eliminan los aranceles y otros sistemas de limitación a la entrada de productos del ámbito internacional, pero al tiempo uno de los dos partners mantiene un sistema de fuertes subvenciones a la producción, lo único que se consigue es una inundación de productos en el país con menos recursos para subvencionar a su industria o servicios. Es exactamente lo que pasa entre la Unión Europea y África, la apertura del mercado entre ambos actores no conlleva un libre-comercio, sino un comercio desigual pues no se han retirado previamente todo tipo de ayudas a las empresas europeas.

• Los marcos normativos comerciales internacionales van antecedidos de regulaciones ambientales y laborales internacionales de obligado cumplimiento. Si se anteponen los acuerdos comerciales a los otros tipos de acuerdos se produce la situación ideal para que se genere una situación de injusticia ambiental o social en la que los países con menos recursos acaben acumulando las industrias o negocios con mayores impactos indeseados, pues la lógica del mercado desplaza a las actividades más contaminantes y/o problemáticas desde el punto de vista social a las zonas con mayores externalidades, es decir costes menores. Detrás de la ecuación a más comercio internacional, más crecimiento y por tanto más bienestar encontramos, entre otros, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Esta última tiene el mandato del Consejo para llevar a cabo las negociaciones y así lo está haciendo dese el año 2001. Aparte de la Comisión Europea, hay cuatro órganos más implicados en las negociaciones: Comité 133, Grupo Regional ACP (África, Caribe, Pacífico), Comité de Comercio Internacional (INTA) y Asamblea Parlamentaria Conjunta de la Unión Europea y de los países ACP. La función y la importancia relativa de los mismos varía según sea la fase de negociación y aprobación de los acuerdos. El Gobierno español tiene presencia en todos ellos [1].

Muchos de los acuerdos comerciales ya aprobados deben ser ratificados en los parlamentos de los países implicados. Aquí, conociendo qué actores españoles forman parte de todo este proceso, tenemos una nueva oportunidad, seguramente una de las últimas, para seguir tratando de impedir que estos acuerdos sigan avanzando.

*Gemma Tarafa es miembro del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Miquel Ortega es miembro del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Ent, medio ambiente y gestión. Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

[1] Intereses económicos españoles en las negociaciones comerciales Europa-África. La pesca en Senegal como ejemplo. SETEM, 2001.

La Inversión Extranjera Directa y las empresas transnacionales en Centroamérica

Revista Pueblos — 2010-09-06T07:10:00Z

Las empresas transnacionales en Centroamérica determinan el flujo del comercio internacional y, en ese sentido, resulta relevante investigar e indagar el comportamiento del flujo de las inversiones extranjeras en los países de la región, marcado por las características que las empresas trasnacionales imponen en estos países.

Los países de la región centroamericana han percibido, en promedio, desde el año 2000 al 2009, 27.963,1 millones de dólares y se ha registrado una tasa de crecimiento en los últimos nueve años del 65,33%. [1] En el año 2009 se dio una caída del 32,8%, fruto de la recesión económica mundial.

De hecho, la crisis económica en los Estados Unidos, el principal inversionista y destino de exportaciones de las economías de México y Centroamérica, afectó notoriamente las corrientes de IED hacia estos países en 2009, en especial la inversión dirigida a las plataformas de exportación. La IED en Centroamérica recibió 5.026 millones de dólares, lo que equivale a una caída del 32,8% con respecto al año anterior.

Sin embargo, también hay que destacar que, a pesar de la crisis económica de los Estados Unidos, este país continuó siendo la principal fuente de IED en 2009, con una participación superior al 51%, seguido por los Países Bajos con el 13%. En otras palabras, Estados Unidos no ha perdido su hegemonía en el control de los mercados centroamericanos por medio de sus empresas transnacionales.

Después de los Estados Unidos, la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de Centroamérica con cerca del 10% del comercio total de los bienes. [2] Centroamérica (con excepción de Costa Rica) exporta hacia Europa principalmente bienes primarios. Según datos oficiales de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Costa Rica por si sólo ya es responsable del 59% de las exportaciones hacia la Unión Europea y del 44% de las importaciones.

Relaciones asimétricas

Podemos afirmar que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica son asimétricas, más de la mitad de los flujos comerciales se concentra en dos países únicamente, Costa Rica y Panamá.

Para el caso panameño, si bien no se dispone de datos oficiales acerca del destino sectorial de esta inversión, sobre la base de las fusiones y adquisiciones y de los proyectos de inversión anunciados en 2009, es posible inferir que gran parte de la IED fue destinada a los servicios, destacando las inversiones en el sector inmobiliario y de la construcción, así como en telecomunicaciones y turismo. En este ultimo sector, de entre las grandes transnacionales que anunciaron inversiones en el mismo, se encuentran Telefónica (España), Trump (Estados Unidos), Hilton Hotels (Estados Unidos) y Via Tertia (España).

Costa Rica mostró dinamismo en la atracción de nuevos proyectos de inversión destinados principalmente al sector servicios, destacando las inversiones de las empresas estadounidenses StarTek y Motif y la francesa Teleperformance en el rubro de centros de atención. Asimismo, continuó buscando atraer inversiones en manufacturas de alta tecnología y artículos médicos y entre las principales operaciones de 2009 se destacan la entrada de Merrill's Packaging y las reinversiones de Boston Scientific, Hologic, Hospira y Allergan, todas ellas de los Estados Unidos. [3]

Guatemala recibió un monto de 566 millones de dólares en IED, un 25% menos que en 2008. Debido a que la caída reportada fue la menor entre las economías centroamericanas, el país incrementó su participación en el total de la inversión en la región del 10% en 2008 al 11% en 2009. Entre las mayores inversiones se encuentran las del grupo mexicano procesador de leche Lala, la confitera colombiana Colombina y la estadounidense NCO Group en el rubro de centros de llamadas. El proyecto de inversión de 700 millones de dólares de la empresa de capital chino estadounidense Jaguar Energy tuvo que posponerse por problemas de financiamiento a raíz de la crisis financiera.

Honduras registró una importante caída en los flujos de inversión causada, en gran parte, por las condiciones de inestabilidad política provenientes del golpe de Estado. La IED se redujo a 500 millones de dólares, es decir, que fue un 44% inferior con respecto a 2008. Las entradas de capitales fueron en su mayoría reinversión de utilidades, lo que muestra un escaso movimiento de proyectos nuevos. El sector más dinámico fue el de las telecomunicaciones y este dinamismo se reflejó, en particular, en las empresas de telefonía celular Tigo, Claro y Digicel, todas transnacionales.

Nicaragua recibió 434 millones de dólares en IED, un 31% menos que en 2008. Los sectores más dinámicos fueron el de energía y minas, debido a la política gubernamental de modificar la matriz de generación de electricidad, el de telecomunicaciones, debido a la ampliación de la red telefónica nacional, y el de turismo. Como consecuencia, el sector energético captó el 51% de la IED mientras que el de comunicaciones sólo el 14%.

Tipo de inversión extranjera en Centroamérica

Al hacer un análisis de los rubros en los que se concentran las IED queda claro que el objetivo de dicha inversión no es en ningún momento la transitoriedad a la industrialización de los países de economías dependientes como son los países centroamericanos sino, más bien, la profundización de las políticas de terciarización de los estados que estas empresas transnacionales imponen en estas economías.

En ese sentido, a nivel sectorial, la manufactura y los servicios continuaron liderando la captación de IED. La industria manufacturera captó un 42% de la IED total, en particular las industrias de productos metálicos, maquinaria y equipos, que representaron el 60% de las corrientes dirigidas al sector manufacturero. El sector de servicios recibió el 50% de la IED y, por su participación en el total, se destacan como principales receptores los servicios financieros (22%), el comercio (10%) y el rubro de otros servicios (16%). Por su parte, el sector extractivo mostró una fuerte contracción y disminuyó su participación del 18% en 2008 al 4% en 2009.Cfr. [4]

El caso de El Salvador

La década de los noventa marca un punto de inflexión en las políticas públicas de El Salvador. Con el arribo de ARENA [5] a la dirección del Ejecutivo se materializaron las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacion al en la política económica por la vía de la condicionalidad del financiamiento externo. El primer préstamo de ajuste estructural (PAE I) del Banco Mundial incluía como condiciones para su desembolso la privatización del sistema bancario, la desregulación de precios y la reducción de las barreras comerciales, entre otras medidas. Asimismo, el PAE II incorporaba la privatización de las empresas públicas no financieras como una política de ‘modernización del sector público', que en septiembre de 1996 generó la contratación un préstamo específicamente para esas actividades. [6]

Este proceso permitió que empresas transnacionales se insertaran en la dinámica productiva nacional a través de los servicios públicos, especialmente en la banca y las telecomunicaciones. El supuesto fundamental de estas acciones consistió en hacer creer que la administración pública es ineficiente a todas luces y que la gestión privada unida al flujo de inversión extranjera directa dinamizaría la economía e incorporaría nuevas tecnologías en la prestación de los servicios.

En un inicio de la aplicación de reformas neoliberales en El Salvador, el sistema bancario fue absorbido por la oligarquía salvadoreña. Sin embargo, a partir del año 2008 los establecimientos financieros han sido transnacionalizados mediante la venta a empresas extranjeras como Citibank, HSBC, BanColombia, etc.

El sistema de pensiones, asimismo, tenía como socio mayoritario al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): participaba en el mercado con el 51% de la administradora Previsión y con el 50% de Máxima y Porvenir; hasta que en el año 2000 decidió fusionar estas empresas. BBVAparticipa del 51 % de la nueva AFP, mientras el resto se distribuye entre los conocidos conglomerados financieros que operan en el país.

El monopolio de las telecomunicaciones era administrado desde 1963 por el Estado a través de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Ahora el sector es controlado completamente por el capital transnacional en un mercado oligopólico, lo que permite la colusión. El conjunto de acciones mayoritarias en el servicio de telefonía fija fueron adquiridas en un primer momento por France Telecom, ahora pertenecen mayoritariamente a América Móvil (capital mexicano), una multinacional que opera en todo el continente. La oferta de telefonía móvil está a cargo de CTE-Personal, Telefónica, Telemovil y Digicel, todas de capital extranjero.

Parte de este interés renovado de las empresas extranjeras en el país tuvo que ver con las empresas de seguros. La Centroamericana, por ejemplo, que había trabajado en El Salvador desde 1915, en 1999 pasó a formar parte del conglomerado español Mapfre. [7]

Encontramos una dinámica muy generalizada de operaciones de las empresas transnacionales que ahora se han volcado a varios sectores de la economía incluyendo la comida rápida, la venta al detalle (Walmart es una de las transnacionales de más presencia en Latinoamérica) y los servicios de centros de llamadas (Sykes, Stream, telefónicas). Sin embargo, el objetivo de este recuento es evidenciar que la aplicación de las reformas neoliberales ha trastocado profundamente la estructura productiva del país y por supuesto, la ocupación, con sus formas, sus modalidades tecnológicas y sus aportaciones sociales.

Dichas empresas transnacionales, que en su mayoría son españolas, empiezan a tener mayor participación a partir de la privatización de los servicios públicos desarrollada en los años noventa. Este proceso, que no está fuera del marco de acción de las oligarquías locales, ha permitido el ingreso de cierta cantidad de capital en forma de dinero que se instala en el país bajo las condiciones preferenciales que se les ofrece a las empresas extranjeras, con la ayuda de un mercado laboral desvalorizado y con la oportunidad de abrir nuevos mercados a través de los servicios recién privatizados.

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, desde los años noventa se inicia el proceso de transnacionalización de las empresas españolas y su punto culminante se dio en el año 1999, ya que el 65% de la IED española se encontraba en la región.

De un total de 37 empresas españolas radicadas en el país [8], aquellas que disputan lugares más prominentes tanto a nivel nacional como a nivel continental son Telefónica, Banco Santander, BBVA, Mapfre, Calvo y Santillana. El Salvador recibió 431 millones de dólares por concepto de IED en 2009, lo que representa una caída del 45% con respecto a 2008 y corresponde al 9% de las inversiones realizadas en Centroamérica. La magnitud de la reducción con respecto a los dos años anteriores se explica por el hecho de que en esos años el país registró las mayores entradas de IED de su historia. Los principales sectores de destino de la inversión fueron servicios financieros (32%), maquiladora (24%) e industria (19%). Destacan las inversiones de las estadounidenses Apparel Production Services y Darlington Fabrics y la colombiana Supertex.

Hablar, por tanto, de las empresas transnacionales es hablar del gran capital corporativo que domina los estados nacionales de El Salvador y de la región Centroamericana; es hablar del poder económico real a nivel mundial que intenta controlar los pueblos latinoamericanos, pero que, sin duda, están existiendo despertares de resistencias a dicha dominación.

Benjamín Ramos y Laura Zavaleta son investigadores del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio. El Salvador (CEICOM).

Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

[1] Cálculos propios con base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaciones sobre la base de cifras oficiales al 28 de abril de 2010.

[2] Hernández González, G. (2007). La Agricultura de América Central en juego. Banana Link e ICCO, p. 3.

[3] Información provista por la Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica, CINDE (véase www.cinde.org/).

[4] La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2009.

[5] Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, principal partido político de Derecha en El Salvador.

[6] Préstamo de Asistencia Técnica para la modernización del sector público por 24 millones de US dólares. Banco Mundial, préstamo 4082.

[7] Historia de La Centroamericana, disponible en la página de la empresa.

[8] Según información de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador, actualizada al 20 de abril de 2010.

La imagen en los medios de comunicación de los obreros: los mineros chilenos

Revista Pueblos — 2010-09-04T10:00:00Z

Los mineros deben ser compadecidos, ciertamente, pero el "lado humano" de la noticia es que esos hombres no se corresponden con una épica de la clase obrera sino un producto de la abyección moral en la que viven como clase subalterna, que les ha hecho, como resultado del darwinismo social, trabajadores de riesgo, sólo útiles en la oscuridad de la mina.

Se ha señalado recientemente la importancia que tiene la reconstrucción mediática de un hecho social relevante, como el de una huelga general, de forma que su valor simbólico final depende en gran medida de cómo haya sido construido por la comunicación social, en la medida que esta construcción determina directamente la opinión pública. ¿Cómo se determina esta imagen? Agosto ha suministrado a los medios un ejemplo muy evidente: el derrumbe de una mina en Chile y la excepcional subsistencia de 33 mineros en la misma, que deberán ser salvados a través de complicadas operaciones de perforación de túneles en la roca.

En el tratamiento de la noticia se ha impuesto de forma general que debe siempre prevalecer el lado humano: los mineros han sido encontrados con vida, la población lo festeja, las autoridades, incluido el recién elegido presidente de la república, acuden a hablar con ellos, se organiza el aparato de salvamiento. Todo converge en conseguir que salgan con vida, que es lo importante. Una serie de empresas especializadas – suecas, australianas – preparan técnicamente la intervención salvadora. Naturalmente que nadie pregunta - y en todo caso en la prensa no se resalta - por qué ha sucedido este hecho. En algunas informaciones más técnicas, se hace constar que igual que en las minas españolas el peligro es la explosión de gas, en las chilenas lo peligroso es la explosión de la roca. Ningún periodista habla ni se interroga por las responsabilidades que este hecho genera. Alguien menciona, menos mal, que la mina ha sido cerrada en un tiempo por absoluta carencia de medidas de seguridad, pero que fué reabierta sin cumplir los requisitos sobre una salida aprovechando la torre de ventilación que había establecido un organismo oficial al respecto.

Basta con escribir en google Mina San José (Chile) para que aparezcan informaciones que ningún periodista contrastará jamás. Veamos alguna de ellas:

Hay una versión invisible de este hecho, la que sustentan los dirigentes del Sindicato Nº2 de Minera San Esteban Primera y la CUT provincial Copiapó, y que hicieron suya los representantes de las organizaciones sindicales de la minería de todo el país, que concurrieron a la asamblea de organizaciones sociales y sindicales realizada el 13 de agosto en la Universidad de Atacama, convocada al calor de los acontecimientos.

Este enfoque sostiene que la tragedia, largamente anunciada por los dirigentes sindicales de la mina, es la consecuencia inevitable de un sistema económico que pone en el centro la rentabilidad privada sobre cualquier otra consideración, incluyendo la seguridad e incluso la propia vida de los que con su trabajo, generan esa rentabilidad.

En este enfoque, las responsabilidades son compartidas entre la contraparte empresarial, que atropelló repetidamente el reglamento de seguridad minera en su afán de aumentar la producción en el escenario del alto precio del cobre, y el Estado, en cuanto autoridad supervisora, a través de instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Inspección del Trabajo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Gobierno Regional, todas las cuales fallaron a la hora de preservar la seguridad e integridad de los 33 mineros atrapados, e incluso, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó un recurso de protección presentado por el Consejo Directivo de los Sindicatos de Trabajadores de Minera San Esteban Primera, el 6 de marzo de 2004.

No encontraremos esta información en nuestros periódicos, y quien sabe por qué nuestros periodistas no consideran importante este tipo de informaciones. Tampoco se indaga por la propiedad de la mina - porque la mina es privada, naturalmente -, y el destino de su producción, posiblemente una gran compañía transnacional americana. Ni hablar de la posible declaración de quiebra por parte de la empresa al estar la mina cerrada y no producir beneficios, con la consecuencia que prevé la legislación chilena de exonerar a la empresa del pago de salarios e indemnizaciones.

Que no piense nadie que no se ha hecho un periodismo de investigación en este tema. Las informaciones sobre el derrumbamiento de la mina se convierten, finalmente, en un concienzudo análisis del alcoholismo de los mineros y de cómo combatir su síndrome de abstinencia. Se subraya que esos trabajadores son en su gran mayoría alcohólicos y drogadictos, con testimonios irrefutables de vecinos y seres queridos. Algunos de ellos, además, se niegan a regularizar su situación afectiva con una pareja con la que ha convivido - y con la que tiene dos hijos - desde hace dieciocho años. Los mineros deben ser compadecidos, ciertamente, por este hecho fatal y azaroso de encontrarse aislados a cientos de metros bajo tierra en un habitáculo mínimo y claustrofóbico, pero el "lado humano" de la noticia es que esos hombres no se corresponden con una épica de la clase obrera - las fotos y las imágenes lo delatan, repetidas mil veces en las pantallas -sino un producto de la abyección moral en la que viven como clase subalterna, que les ha hecho, como resultado del darwinismo social, trabajadores de riesgo, sólo útiles en la oscuridad de la mina, donde producen mineral como topos ciegos.

La imagen de los obreros encerrados en un pozo cuya supervivencia es al menos dudosa, tal como es reproducida por los medios de comunicación en España se resume en presentarla como una tragedia sin causa, unas víctimas indiferentes a su destino, y en omitir cualquier referencia a la culpabilidad por esta situación, afirmando la inexistencia de responsabilidad empresarial o pública ante el derrumbe y la puesta en peligro de la vida de estos trabajadores. La imagen de los mineros que muestran los medios de comunicación despoja de la dignidad personal a los trabajadores y oculta las raíces económicas de la tragedia, causada por la falta de medidas de seguridad en la mina ante la urgencia de ganancia de sus propietarios.

Quizá sea necesario abrir un debate amplio sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados verazmente y a impedir la manipulación informativa, precisando un sistema de garantías colectivas sobre los flujos de información sesgada o tergiversadora de la realidad. Mientras tanto, los medios de comunicación seguirán informando de esta manera sobre la tragedia y el sufrimiento de los trabajadores del mundo.

Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.

Artículo publicado en www.nuevatribuna.es el 02/09/2010.

Ecuador. ¡La tierra para qué!

Revista Pueblos — 2010-09-03T08:10:00Z

La tierra es el hogar de la vida, donde se origina la cadena de la existencia y la alimentación de todos los seres vivos: las plantas alimentan a los animales y juntos constituyen el sostén alimentario de los seres humanos. Sin la tierra ninguna forma de vida existiría.

Además la tierra es el escenario donde se funda la sociedad en procesos milenarios de modificación y construcción mutua entre la tierra y sus habitantes, dando lugar a diversas formas de identidad cultural y de organización socioeconómica. Sin la tierra, la sociedad tampoco existiría.

En tercer lugar la tierra constituye la base sustancial y prerrequisito para la conformación del Estado. Se han librado miles de guerras y han muerto en batalla millones de personas por la defensa de la tierra. Pero, igualmente, sin la tierra los Estados no podrían haberse creado.

Como medio productivo, en sociedades no industriales como la ecuatoriana, la tierra es el elemento fundamental de la riqueza. Dejando a un lado el petróleo, nuestro país es principalmente productor de materias primas e insumos provenientes de la fertilidad y las ventajas comparativas de la tierra (y el mar). La historia económica nacional nos enseña que la acumulación capitalista se originó en las haciendas cacaoteras para luego convertirse en capital comercial y en capital bancario, sustentados sobre la base de la explotación del campo y del trabajo campesino.

Por las razones señaladas es evidente que la tierra es un bien de naturaleza especial, que podría denominarse como “patrimonial” o “estratégico”, distinto del dinero o de otros bienes que son fungibles en el tiempo. De allí que todos los países del mundo tienen un régimen especial que regula la propiedad, uso, usufructo, distribución, etc., de la tierra existente a su interior.

Entonces, resulta plenamente justificado que muchos países prohíban la compra de tierras a personas extranjeras en zonas denominadas de seguridad, o que establezcan espacios extensos de tierras para protección ambiental, o que determinen los uso de la tierra en base a planes de ordenamiento territorial, o que fijen límites a las propiedades agropecuarias, etc.

La nueva Constitución ecuatoriana, vigente desde octubre del 2008, cobija el artículado constitucional con un techo programático cuya finalidad última es el Buen vivir o Sumak Kausai. Se trata de un concepto “postcapitalista” inspirado en la cosmovisión campesino-indígena, que establece la primacía del enfoque de justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, social y con la naturaleza:

i) a nivel político impulsa con fuerza la participación ciudadana y social, mejorando también la representación;

ii) a nivel económico, establece que el régimen económico del país es “solidario”;

iii) a nivel social crea un sistema de inclusión y equidad para la protección integral de las personas;

iv) a nivel cultural instituye el estado plurinacional e intercultural, reconociendo derechos colectivos de grupos étnicos; v) a nivel de la justicia restablece el derecho ciudadano a la justicia;

vi) a nivel ambiental instituye por primera vez en el mundo, los derechos de la naturaleza.

El Buen Vivir rompe radicalmente con el enfoque jurídico-institucional pre existente [1] que profundizó la economía social de mercado y la supuesta libertad de los agentes particulares. La Constitución de Montecristi trastoca el denominado pacto social constitucional de 1998 que favoreció a los grupos económicamente más fuertes, facilitando su dominio de los mercados y la apropiación de los recursos naturales. [2]

El cambio del régimen constitucional implica una ruptura radical en el ordenamiento económico, social, político y territorial del país, y en la medida en que se profundice a través de las leyes, de las instituciones y de la conciencia ciudadana, trastocará sustancialmente las inequitativas relaciones sociales existentes.

El título, los capítulos y artículos de la Constitución referidos al Régimen de Desarrollo definen con claridad el nuevo rumbo que deberán tomar las relaciones económicas entre los diversos sectores sociales y por supuesto las referidas al agro y la distribución de la tierra, de tal manera que resulta inapropiado tratar el tema sin tener en cuenta el nuevo marco económico definido por la Constitución. Entre otros elementos tiene relevancia señalar los siguientes:

a) Como parte de los objetivos del régimen de desarrollo la Constitución manda: “Construir un sistema económico justo, democrático productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”

b) De acuerdo a la Constitución, el régimen del buen vivir se sustenta en el logro de la soberanía económica basada en un sistema económico social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten en buen vivir. Por ello el sistema económico se integrará con las formas de organización económica estatal, privada, mixta, popular y solidaria.

c) Por ello, la política económica tiene entre sus objetivos permanentes “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional “asegurar la soberanía alimentaria y energética”. Y la política comercial tiene entre sus objetivos permanentes: “Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos…”, “Contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas…”, “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados”.

d) Además el Estado se obliga a promover la democratización del acceso a los factores de producción, para lo cual le corresponderá “Evitar la concentración y acaparamiento de recursos y factores productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos…”, y “Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado”.

e) El artículo 281 manda a la conformación de un modelo endógeno de desarrollo para el sector agropecuario, definen a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado responsabilizándole entre otros aspectos de: Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria; Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos; Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.

f) En la misma línea el artículo 282 señala que el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental y que se creará un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. En este artículo se determina además que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

El régimen de desarrollo agropecuario que, de acuerdo al mandato de la Constitución, se establece para el país, en última instancia pretende romper con la tradicional supeditación de la periferia rural respecto del centro capitalista y de generar una multicentralidad extendida en el territorio, que favorezca la inversión y el crecimiento a lo largo de las zonas rurales y urbanas del país.

Consecuente con la prescripción constitucional, la Senplades [3] propone en el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 un modelo endógeno de desarrollo que se sustenta, por una parte en la Soberanía Alimentaria para garantizar el abastecimiento alimentario nacional y la provisión de materias primas para el desarrollo industrial; y por otra parte en la construcción de un mercado interno significativamente ampliado para que impulse la expansión productiva nacional, lo cual exige como una condición necesaria la ejecución de una reforma agraria integral para recuperar la viabilidad de las agriculturas campesinas pequeñas e incorporarlas como un factor decisivo del desarrollo económico nacional.

Para cambiar el actual modelo macroeconómico nacional sustentado en la generación de bienes primarios y extractivos exportables, significativamente vulnerables en el comercio internacional [4], utilizados para financiar a su vez la importación de bienes de capital [5] y productos manufacturados, en una histórica relación de “intercambio desigual” que ha producido a lo largo de décadas, permanentes déficits en la balanza comercial y de pagos, y que finalmente genera tasas muy bajas de crecimiento económico; por un modelo endógeno de desarrollo, cimentado en la sustitución de importaciones y la industrialización de los sectores básicos de la producción, incorporando valor agregado a los productos primarios y extractivos, se requiere el incremento sustancial y el aseguramiento de la producción básica, así como la ampliación creciente de la demanda agregada interna. El recentramiento de la estructura económica nacional, presupone por tanto la reactivación y fortalecimiento de la economía rural, generadora de los productos básicos agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros, principalmente de las pequeñas y medianas economías familiares, orientadas al mercado interno.

Por ello, resulta urgente restablecer y poner en un nivel superior dentro de las políticas públicas del régimen agropecuario, acuícola y pesquero del país, el “pacto social” con el sector de la agricultura familiar, desterrando los sistemas lesivos de sobreexplotación y depredación de los recursos naturales que el modelo de capitalismo salvaje tiene instalados en el agro y que han llevado al campesinado a una condición, definida por la investigadora Blanca Rubio, como de “despojo estructural”.

Uno de los componentes de este estructural despojo constituye sin duda la situación de la tenencia de la tierra, pues, de acuerdo al Censo Agropecuario Nacional 2000, los productores de la agricultura familiar, que representan el 80% de las Unidades de Producción Agropecuaria, tendrían en promedio 1,3 hectáreas de tierra, las mismas que en la mayoría de casos, en su actual condición, no tienen las mejores aptitudes agropecuarias.

Un programa de reestructuración de la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mandato constitucional, deberá estar sustentado en dos pilares: por una parte, la efectivización de la prescripción constitucional que prohíbe el latifundio y la concentración de tierras así como el acaparamiento y privatización del agua y sus fuentes (Art. 282), a través de una ley de tierras para el Buen Vivir; y por otra parte, a través de la efectivización de la prescripción constitucional que establece que el Estado deberá normar el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental (Art. 282).

a) La prohibición constitucional del latifundio y del acaparamiento de tierras:

De conformidad con la prohibición del latifundio y del acaparamiento de tierras que prescribe la constitución y de acuerdo con la ley orgánica de Soberanía Alimentaria, la ley que regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a esta, … definirá el latifundio, su extensión, el acaparamiento y concentración de tierras…

La determinación del límite de hectáreas que deberá tener una unidad de producción agropecuaria, debe guardar consideración con la disponibilidad nacional de tierras, así como de sus aptitudes productivas, de su uso eficiente dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y de la necesidad de construir mercados transparentes y equitativos de los productos agrícolas.

De acuerdo con el estudio de Fausto Jordán [6], en el año 2003 la frontera agrícola del país había alcanzado la extensión de 12`500.000 hectáreas, incorporando tierras frágiles de la amazonía, de la selva esmeraldeña y aún de paramos y tierras de piedemonte, principalmente en la cordillera occidental. Esta cifra referencial, constituye un excesivo total de las tierras existentes en el Ecuador (aptas o no aptas), quedando fuera únicamente las tierras de bosques y parques protegidos, además de los suelos urbanos.

Considerando que de acuerdo al censo agropecuario del año 2000, existen 850.000 unidades de producción agropecuaria, la unidad productiva promedio apenas alcanzaría a 14,7 hectáreas.

Este simple cálculo aritmético debería conducirnos a una primera conclusión relativa a que la extensión que debería permitirse a un latifundio no debería ser superior a 20 o treinta veces una unidad productiva promedio, según la aptitud de la tierra, dentro de una lógica que disminuya la inequidad en el acceso a la tierra a los campesinos.

Abundando en el análisis cuantitativo se debe considerar además que de acuerdo a cifras planteadas por el experto Dr. Galo Ramón, en 1995, únicamente 4`500.000 hectáreas son las tierras con vocación agrícola, es decir, que tienen relieve plano y son susceptibles de mecanización, que tienen posibilidad de acceso al riego y están cercanas a las vías de comunicación y centros de comercialización. Estas tierras están localizadas en las cuencas hídricas costeras, principalmente en la cuenca del río Guayas, en los valles interandinos y en algunos sitios de las planicies amazónicas.

Estas tierras en las últimas décadas han experimentado un cambio de uso, habiéndose orientado a la producción para exportación (banano, palma africana, frutas), en desmedro de su uso para la soberanía alimentaria.

Esta segunda consideración, confirma lo señalado respecto al límite de la propiedad latifundaria, e inclusive debería establecer una mayor limitación para el caso de las propiedades localizadas en zonas de vocación agrícola.

Analizada la cuestión desde la óptica de la eficiencia en el uso de la tierra, dentro de los límites biofísicos que manda la Constitución, de acuerdo al desarrollo científico-técnico actual de la agricultura y pecuaria, una extensión que sea superior a los medios productivos necesarios y existentes para su explotación en forma intensiva, genera niveles de ineficiencia y deja tierras sin aprovechar o genera modelos extensivos ineficientes. Esto ocurre regularmente con los modelos agroganaderos que tienen la explotación en forma extensiva, ocupando 1 cabeza de ganado por hectárea, cuando la técnica aconseja en suelos aptos llegar hasta 10 cabezas de ganado por hectárea.

Esta tercera consideración nos conduce a la conclusión de que es necesaria una limitación del latifundio para generar unidades de producción que hagan un uso eficiente del suelo, incrementando la productividad y la eficiencia del uso del suelo. La afectación del latifundio al contrario del discurso opuesto a la redistribución de la tierra, generará un efecto positivo en el mejoramiento de la producción agropecuaria. Esto se evidencia históricamente cuando inmediatamente después del tibio proceso de Reforma efectuado en la década de los años 70s, se desarrollaron en varias zonas afectadas, formas de organización económica empresarial (agroempresas de leche, banano, palma, etc.).

Considerada finalmente desde la óptica de la construcción de mercados transparentes y equitativos, resulta evidente que una gran parte de latifundios están ligados a la intermediación comercial y la producción agroindustrial y en base a su poder económico, imponen condiciones de concentración oligopólicas en la estructura de los precios y la comercialización de los productos agropecuarios. Esto es evidente en el caso de la producción de banano, donde los exportadores, que a su vez poseen latifundios en producción, presionan a los pequeños y medianos productores respecto del precio de la caja de banano abusando de que siempre cuentan con un stock de producto que les permite prescindir del pequeño productor si no se aviene a sus condiciones.

Esta cuarta consideración nos lleva a la conclusión de que para romper las condiciones oligopólicas en la comercialización de los productos y lograr la conformación de mercados transparentes y equitativos, es necesario limitar el latifundio.

El breve análisis realizado confirma la tesis de que en cumplimiento del mandato constitucional la ley de tierras deberá prohibir el latifundio definido como la extensión superior en veinte o treinta veces la unidad agropecuaria promedio, según la aptitud del suelo.

Esta reflexión excluye el caso de los territorios tenidos en común por los pueblos o nacionalidades amazónicos, considerados en la totalidad de casos, zonas de protección ambiental. Igualmente se excluye el caso de las tierras comunales de la sierra y la costa en las cuales, la unidad productiva que puede ser extensa, pertenece a todos los miembros de una comunidad. Para este último caso la división aritmética del tamaño de la propiedad para el número de comuneros, siempre tendrá un resultado inferior al tamaño individual que se ha propuesto como límite del latifundio.

Aplicada la cifra de 500 hectáreas a la estructura actual de tenencia de la tierra según el censo del año 2000, resultarían afectadas apenas 2`500.000 hectáreas, es decir, apenas el 20% de la totalidad de la tierra y que representa menos del 1% de los propietarios. Esta cifra es coincidente con las metas que se propone alcanzar la Senplades de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013.

Cabe resaltar que los predios que serían afectados son unidades productivas dedicadas a la ganadería extensiva, unos pocos predios bananeros (lo cual se verá como positivo por los pequeños productores), los predios azucareros que podrían establecer modalidades de asociación para no afectar el modelo de explotación y algunas zonas forestales o de páramo que, independientemente de su extensión, mantendrán el uso ambiental regulado por la autoridad nacional ambiental.

Es necesario señalar además que muchos países que emprendieron décadas atrás procesos autosustentados desarrollo capitalista, aplicaron reformas agrarias, de tal forma que por ejemplo en Francia el límite de la tierra está entre 200 y 400 hectáreas, en Polonia 40 hectáreas, en los llamados tigres asiáticos como Korea del Sur en 3 hectáreas.

b) El cumplimiento de la función social y ambiental. En el marco del paraguas programático constitucional que manda a crear un modelo superior de convivencia denominado del Buen Vivir, los conceptos de la función social y ambiental de la tierra son distintos y superiores a los existentes e implican dimensiones nuevas que deberán ser valoradas mediante indicadores objetivos y mensurables para su aplicación. Para el caso de la función social, de acuerdo con la LORSA [7], la función social está conformada por tres variables: a) la generación de empleo, b) la distribución equitativa de ingresos y c) la utilización productiva y sustentable de la tierra. Cada una de estas variables en correspondencia con el marco normativo general del régimen del Buen Vivir debería considerar varios indicadores:

b.a) La generación de empleo: En el marco de la Constitución el empleo esta concebido como un espacio de construcción humana y social, como un acto de libertad y creación de las personas y como un medio para obtener los ingresos suficientes. De acuerdo con este enfoque del empleo debería considerarse los siguientes indicadores:

• Generación de ingresos salariales “suficientes” para cubrir las necesidades familiares y garantizar una vida digna (canasta familiar), medido a través de los documentos laborales y de las inspecciones del Ministerio de relaciones laborales.

• Espacio de realización y desarrollo de las capacidades humanas, medido a través de las acciones de capacitación realizadas y del ejercicio del derecho a la organización, a través de las inspecciones del Ministerio de Relaciones Laborales.

• Empleo saludable, protegido mediante la aplicación de las normas de seguridad laboral y obtenido a través de las inspecciones del Ministerio de Relaciones Laborales.

• Empleo seguro, es decir que sea estable y tenga continuidad de acuerdo a los ciclos productivos.

• Empleo suficiente, es decir, la cantidad de puestos de trabajo que se generan por el uso de la tierra según los promedios sectoriales.

b.b) La distribución equitativa de ingresos: En el marco de la Constitución que prescribe como un objetivo del régimen de desarrollo construir un sistema económico, justo,…basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y como un objetivo de la política económica asegurar una adecuada distribución del ingreso, se deberá contemplar entre otros los siguientes indicadores:

• El nivel de concentración y acaparamiento de la tierra en las localidades que impida la generación de oportunidades para el ejercicio del empleo y la generación de ingresos, medido a través de los catastros y registros de la propiedad.

• Repartición más equitativa entre el capital y el trabajo de la riqueza generada a través de la explotación de la tierra, medido en los balances anuales de las empresas por el Ministerio de Relaciones Laborales.

• Pago justo y oportuno de las obligaciones tributarias al Estado (gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados), medido por el SRI y por las administraciones de los gobiernos locales.

• Reconocimiento a la comunidad local de los beneficios generados por la explotación de la tierra a través de la transferencia de tecnología y otros, medido por las Juntas Parroquiales Rurales.

b.c) La utilización productiva y sustentable de la tierra: En el marco de la Constitución que establece el aprovechamiento de la tierra dentro de sus límites biofísicos, la producción sustentable de la tierra, y de productos que sean inocuos:

• Respeto de los límites biofísicos de la naturaleza y sustentabilidad del suelo, es decir, prohibición del uso de transgénicos, de insumos orgánico persistentes que tengan una toxicidad irreversible, incorporación de tecnologías sustentables, medidos por el MAGAP.

• Rendimientos por hectárea, que serán por lo menos iguales a las unidades de producción similares dentro de territorios homogéneos, medidos por el MAGAP.

• Inocuidad de los productos: es decir que los productos obtenidos sean lícitos y posean condiciones de aptitud para su consumo, medidos por el MAGAP

• Producción para la soberanía alimentaria, es decir que los productos estén orientados al consumo nacional y que exista una preocupación por desarrollar paquetes tecnológicos nacionales apropiados, medidos por el MAGAP.

La batería de indicadores presentada podrá aplicarse de manera progresiva conforme el sistema nacional de estadísticas y las instituciones involucradas provean la información pertinente para lograr una medición objetiva del cumplimiento de la función social de la tierra, determinando en la ley un plazo conveniente para que pueda alcanzarse su plena aplicación.

El conjunto de indicadores puestos dentro de una matríz permitirá determinar con objetividad la calificación del nivel de cumplimiento de la función social de la tierra. El reiterado incumplimiento por debajo del promedio sectorial, podría convertirse en una causal de afectación de la tenencia de la tierra, de acuerdo con la ley de tierras y siguiendo el debido proceso, sin perjuicio de las responsabilidades específicas que puedan establecerse en los ámbitos, tributario, laboral, ambiental, comercial, etc

La tierra para quienes

Las reacciones que se han generado a partir de la publicidad del anteproyecto de ley de tierras elaborado por el SIPAE [8] pone en evidencia la urgente necesidad de impulsar un debate nacional sobre el futuro de este bien “estratégico y patrimonial” y de restablecer el pacto social roto por el neoliberalismo con el sector que ha tenido la responsabilidad de mantener la soberanía en el país. El debate debe superar los prejuicios, ser propositivo y reconocer el marco constitucional del país que cobija a todos los ecuatorianos.

Finalmente sobre algunas expresiones públicas difundidas por los medios de comunicación es necesario hacer los siguientes señalamientos:

a) Que el sector rural no depende de las actividades agropecuarias: Frente al situación de “despojo estructural” como consecuencia de la implementación del modelo de capitalismo salvaje en el agro, los pequeños productores han debido generar “estrategias de sobrevivencia” mediante el multiempleo. De tal forma que, si se revierten las condiciones de acceso a los medios productivos que tornen viable la agricultura familiar, el empleo agrícola se consolidará y se contribuirá a la disminución del subempleo y desempleo, pues, la llamada multiactividad rural, ocupa un tamaño considerable dentro del mercado “informal” (desempleo disfrazado). Cabe resaltar que el sector formal de la economía, no tiene la capacidad estructural para generar el empleo suficiente para absorber el déficit nacional.

b) La redistribución de la tierra no mejora los ingresos de los pequeños productores y más bien les empobrece: Si los demás factores y elementos de las cadenas productivas y de valor, principalmente la comercialización, son controlados de manera oligopólica o monopólica como ha venido ocurriendo desde siempre, es verdad que podría ocurrir algo similar a la pasada reforma agraria. Por ello, no se trata únicamente de mejorar el acceso a la tierra, sino además al agua, al crédito (como insumo productivo y no como medio de explotación), a las semillas e insumos (orgánicos), al control y regulación de los mercados, al desarrollo tecnológico, etc. En última instancia se trata de aplicar la Constitución y construir un régimen endógeno de desarrollo agropecuario.

c) Que existen cultivos que demandan una escala: Únicamente la caña de azúcar requiere plantaciones de mayor escala, pero esto no se afectaría con una redistribución de tierras, pues, el excedente del tamaño límite del latifundio se entregaría a los trabajadores en forma asociada (cooperativas u otros), manteniendo el tamaño de las explotaciones. En otros cultivos como el banano y la palma, la redistribución de tierras más bien resulta positiva para la democratización del mercado de estos productos y en el sector ganadero la redistribución impulsará la modernización de productores tradicionales.

d) Que existen países con latifundios de 20.000 hectáreas: Pudiera ocurrir por el modelo neoliberal que tengan esos países, lo cual tiene consecuencias en la crisis estructural y empobrecimiento de los pequeños productores. Además estos países tienen un tamaño que no es comparable con los 272.000 kilómetros que tiene el Ecuador.

e) Que se afecta la seguridad jurídica y el derecho de herencia: El Ecuador tiene un nuevo marco constitucional y su seguridad jurídica se cimenta en la adecuación de todo el ordenamiento legal a la Constitución. Si la Constitución manda a la elaboración de una nueva ley de tierras, la seguridad jurídica consiste en su elaboración, aprobación y cumplimiento.

f) Que podría ocasionar un derrumbe de la producción agropecuaria y que se afectaría la soberanía alimentaria: Por el contrario, una redistribución de tierras constituye una gran oportunidad para relanzar la producción agropecuaria y garantizar la soberanía alimentaria. En el caso de tierras ociosas que, según el MAGAP significan tres millones, estas entrarán en producción inmediatamente; en el caso de latifundios que están en producción, su redistribución tendría como beneficiarios a los propios trabajadores, manteniéndose la explotación del predio.

Fernando Buendía es asesor de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA).

[1] a ser reemplazado con una nueva normativa acorde con la nueva Constitución

[2] Se refiere a los mercados financieros, comerciales, laborales, así como a los recursos como el petróleo, turísticos, mineros, por supuesto de la tierra y el agua, etc.

[3] Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo.

[4] Productos suntuarios como el cacao, las frutas exóticas o las flores.

[5] Maquinaria e insumos.

[6] Jordán, Fausto. Situacion y perspectivas del desarrollo agricola y rural en Ecuador (seminario interno). Santiago de chile 29 – 31 / enero 2003. p. 18

[7] Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria.

[8] Sistema de Información sobre la Problemática Agraria del Ecuador.

Las inversiones españolas en el sector financiero mexicano. Dos historias entrelazadas

Revista Pueblos — 2010-09-02T07:00:00Z

Para poder entender el papel que juega la Inversión Extranjera Directa (IED) española en México y sus características principales primero es necesario conocer cómo fue el proceso por medio del cual las empresas españolas lograron introducirse en el país. En este sentido, es necesario plantear el problema desde una doble vertiente: un proceso autónomo en cada uno de los países pero cuya articulación permitió la internacionalización de las empresas españolas hacia el territorio mexicano. Sin embargo, este proceso no se puede calificar de independiente entre ambos países, ya que son dos partes de un mismo movimiento a escala mundial de internacionalización empresarial, liberalización, privatización y desregulación de las economías nacionales y de la economía mundial en su conjunto. Por tanto lo que primero se expondrá en este artículo son los cambios acaecidos en los dos polos protagonistas de esta investigación. Es decir, se pretende primero poner en claro cuáles fueron los cambios estructurales tanto en México como en España, que, en última instancia, deberían considerarse como determinantes para que se diera una articulación entre ambos procesos que permitiera la entrada de inversiones españolas en México. En este sentido, dadas las características de la IED española, el análisis estará centrado en el sector financiero.

Como en el resto de América Latina, en México hubo un radical giro en la estrategia de desarrollo desde los años 80. Desde la década del 30 se empezó a delinear en algunos países latinoamericanos una estrategia de desarrollo que se vino a conocer como “industrialización por sustitución de importaciones” (ISI), que logró implantar en gran parte de América Latina nuevas capacidades industriales y permitió mejoras en los niveles de vida de algunos sectores de la población, aunque, por supuesto, sin superar la situación de dependencia de estos países periféricos. Sin embargo, desde los años 70 se da un cambio de rumbo radical en la definición de las estrategias de desarrollo de la región.

En diciembre de 1987, en plena crisis de la deuda en México, se firma el primer Pacto Económico, donde la reducción de las funciones del Estado en el proceso económico, al igual que las políticas económicas liberalizadoras que afectaron de forma global al conjunto de la economía (a nivel empresarial, sectorial y regional), fueron los cambios más importantes que introdujo esta reforma estructural. [1]

Las reformas legislativas que prepararon el terreno para favorecer la entrada de capitales extranjeros en México se iniciaron en 1984. En este año se modificó la Ley de 1973 para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera Directa. Pero la de 1984 no fue la única reforma de la ley en lo referente a la IED. Hubo modificaciones de la misma y se promulgaron leyes nuevas de carácter amplio para regular y promover la IED además de decretos y regulaciones más específicas para diferentes sectores (ver Cuadro 1 en la edición en papel o en PDF).

El sector bancario ha sido el receptor del 48% de la IED española en el período 1993-2009, siendo con diferencia el de mayor importancia relativa (ver Gráfico 1 en la edición en papel o en PDF).

Para entender cómo logró la banca española introducirse en el mercado mexicano es necesario presentar un esbozo del proceso de privatización de la banca en México. En 1982 se llevó a cabo la nacionalización del sector bancario mexicano dentro del marco de la crisis de la deuda iniciada en agosto de 1982 en el propio México. Así se llega al año 1990 con una banca en manos del Estado, y es entonces cuando se anuncia el inicio de las privatizaciones mediante una reforma constitucional que permitiría lo que se llamó la “desincorporación bancaria”.

La privatización de la banca aportó aproximadamente unos 12.000 [2] millones de dólares al fisco. Una vez vendidos los bancos (18 en total), los nuevos grupos que los adquirieron, por diferentes motivos relacionados con la desregulación financiera, la forma de adquisición, y la propia gestión, dejaron a los bancos recién privatizados en una situación crítica. Fue así que una vez desencadenada la crisis del sistema bancario mexicano, tan sólo 4 años después de su privatización, el Estado tuvo que intervenir para ayudar a la banca emitiendo deuda por un valor que ascendía a los 60.000 millones de dólares en 1998, nada menos que cinco veces el precio de venta de los 18 bancos privatizados. [3]

Así, después de la crisis de 1995 y del rescate llevado a cabo por parte del Estado se da un importante proceso de reestructuración de la banca. En este momento una gran cantidad de bancos se encuentran en situación de quiebra y es entonces cuando se inicia un intenso período de compra de los bancos por capitales extranjeros. Es realmente el inicio de las “extranjerización” del sector bancario mexicano, que de ser estatal en 1990 pasó a tener una participación de la banca extranjera que alcanzó el 90% en 2001. [4] Es decir, en un lapso de sólo 11 años se privatizó la banca y fue adquirida en su amplia mayoría por capitales extranjeros, convirtiéndose con diferencia en el país latinoamericano con una mayor presencia de capitales foráneos en el sector financiero.

La entrada de IED en el sector financiero mexicano

Las reformas del sistema bancario español se iniciaron en 1974, continuaron durante la década de los 70 y 80, introduciendo mayor margen de maniobra para la actuación de bancos y cajas, hasta que llega un momento particularmente importante en 1992 y 1993, ya que se liberalizan los movimientos de capitales internacionales, lo cual dio un impulso decisivo para la internacionalización de la banca española, particularmente hacia América Latina.

Por otro lado, a partir de finales de los años 80 los mayores bancos españoles han seguido una estrategia de fusiones y adquisiciones para lograr así un doble objetivo (ver Cuadro 2 en la edición en papel o en PDF).: reforzar su presencia en el mercado e incrementar sus niveles de competitividad. Este proceso permitió a algunos bancos españoles lograr un tamaño suficiente para poner en marcha la internacionalización de sus operaciones. Ha habido dos protagonistas principales en el proceso de centralización de la banca española: BBVA y Santander, precisamente los dos bancos españoles de mayor presencia en México.

La banca española en México

Siguiendo el planteamiento inicial, una vez caracterizado el escenario de privatización, internacionalización y centralización bancaria en España y México podemos pasar a analizar cuáles han sido las principales características de la inserción de la banca española en el país azteca.

El proceso de expansión de la banca española hacia Latinoamérica en general, y a México en particular, ha tenido un rasgo fundamental: la introducción en las actividades de banca comercial, históricamente la principal actividad de la banca española. Teniendo en cuenta esto, la estrategia más efectiva era la compra directa de entidades ya existentes con su correspondiente red de oficinas comerciales.

Además, la banca española ha entrado con fuerza en la administración de los fondos de pensiones privados. Ha sido debido a que las privatizaciones en América Latina, y en particular en México, han afectado no sólo a las empresas y los servicios públicos sino también a los sistemas de previsión que los bancos españoles han podido tomar protagonismo en la administración de los fondos de pensiones mexicanos.

Ya en el año 2002 la cuota de mercado en activos de fondos de pensiones del BBVA y el Santander representaba el 30,7%. [5] De este modo los bancos españoles están gestionando una buena parte de este sistema de pensiones que acaba de raíz con la solidaridad intergeneracional y en parte con la propia noción de “seguridad social”, e introduce de lleno a los trabajadores obligatoriamente en las vicisitudes de los mercados financieros, anclando por tanto una parte de los desembolsos que recibirán durante la jubilación a las variaciones de precio de los productos financieros donde son invertidos sus aportaciones.

Si bien hay bancos españoles manejando los fondos de pensiones y son actores importantes en este ámbito, hay que evitar correlacionar directamente, de forma superficial, la mejoría o empeoramiento de la calidad de las pensiones antes y después de los cambios legislativos con la actuación de los bancos en este sector. La propia decisión de pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización individual privado es una decisión política, si bien desde el sector financiero se presiona de forma sistemática a los gobiernos a revisar la forma en que se gestionan los sistemas de previsión emitiendo informes sobre la insostenibilidad a medio plazo de los sistemas públicos de pensiones. [6] Pero una vez logrado el cambio en la legislación los bancos, actúan dentro de la legalidad a pesar de que se considere eficiente o ineficiente, justa o injusta, la forma de capitalización individual privada.

Sin embargo queda claro que una vez se han privatizado los sistemas de previsión lo que regirá su funcionamiento serán criterios de rentabilidad privada, dentro de las normas establecidas por la ley, y poco importará para éstos que la cobertura del sistema de pensiones llegue al conjunto de toda la población garantizando un nivel de vida adecuado, mientras la gestión de los fondos les aporte ganancias suficientes.

Samuel Verbanaz es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

[1] Dussel Peters, E. (2000). La inversión extranjera en México. CEPAL, Santiago de Chile. p. 14.

[2] Avalos, M., Hernández, F. (2006); Competencia bancaria en México. CEPAL, México. p.24. Los autores de este artículo calculan que el precio de venta era 3.53 veces el valor en libros de los bancos vendidos, por lo que a priori no parecería que la operación fue una venta a bajo precio.

[3] Ibid. p.31, n.42.

[4] CEPAL(2002); La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2002. Santiago de Chile. p.118.

[5] Chislett, W. (2003); La inversión española directa en América Latina: Retos y oportunidades. Real Instituto Elcano, Madrid. p.190. Sólo se ha logrado conseguir datos actualizados para los fondos gestionados por BBVA-Bancomer, que a diciembre de 2009 gestionaba el 15,64% de los fondos de pensiones. http://www.consar. gob.mx/boletin_estadistico/recursos.shtml

[6] Un ejemplo reciente se puede ver en “El sistema de pensiones sobrevive a los ‘expertos'” Público 22/02/2010.

La inversión española en Chile: auge y caída de Endesa

Revista Pueblos — 2010-09-01T07:00:00Z

Durante la dictadura militar chilena (1973-1990) las IED estaban centradas en el sector minero y con inversiones principalmente de EEUU, mientras que con la llegada de la democracia comienza a emerger el sector de servicios como núcleo estratégico para las IED, dirigidas principalmente por los capitales españoles. Dicho cambio se concentra principalmente en el sector de comunicaciones, electricidad y financiero. De este modo, desde la década de los noventa, tenemos dos estrategias dominantes de las empresas transnacionales en Chile: por un lado, las centradas en la producción y exportación de recursos naturales (principalmente sector minero, cobre esencialmente, sector frutícola y celulosa) y, por otro, las centradas en los servicios para el mercado interno. Dentro de este último campo nos concentraremos en el caso de Endesa y sector eléctrico chileno.

La historia del sector eléctrico está arraigada a los proyectos desarrollistas del Estado chileno en los años 40 del siglo pasado. En 1943, bajo el Gobierno de Juan Antonio Ríos (Frente Popular), se crea Endesa con el objetivo de desarrollar el Plan de Electrificación del país, incluyendo la generación, el transporte, producción y distribución de energía eléctrica. Endesa llegó a ser una de las principales empresas nacionales, siendo la base del desarrollo hidroeléctrico del país.

Por otro lado, la Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), segunda empresa de electricidad más grande (a cargo de distribuir y comercializar la energía eléctrica en la Región Metropolitana y en la Vregión, las dos regiones más pobladas de Chile), se funda en 1921 por agentes privados extranjeros y es nacionalizada en 1970, bajo el Gobierno de Salvador Allende.

Privatización en manos de empresarios nacionales

Tras el golpe de Estado de 1973 y la llegada de la dictadura militar se reestructura el modelo de desarrollo y el sector eléctrico. En 1980 comienzan las privatizaciones en el sector. En un principio fueron pequeñas licitaciones públicas de empresas eléctricas en el Sur del país (SAETALy FONDEL) que pasan a manos privadas nacionales, para luego iniciar las privatizaciones a las más importantes empresas (Endesa y Chilectra).

En la segunda mitad de los años ochenta se genera la más importante privatización del sector eléctrico, Endesa y Chilectra, cambiando radicalmente toda la estructura del sector, de predominio casi total del Estado en la producción y distribución de energía, al control por parte de empresarios nacionales de dicho campo productivo y de servicios. El proceso de privatización se genera vía el llamado “capitalismo popular”, mecanismo por el cual se venden pequeños paquetes accionariales a funcionarios públicos, instituciones privadas y militares de empresas desmembradas con el fin de evitar la concentración. Apesar de lo anterior, el resultado es una importante concentración por parte de Enersis sobre Endesa y Chilectra, la primera, por su lado, concentrada en gran medida en funcionarios de la dictadura militar, como lo es el caso de José Yuraszeck. [1]

En la década de los noventa se genera una importante internacionalización de Enersis [2], principalmente a Argentina, Colombia, Brasil y Perú, siendo, por tanto, el principal conglomerado energético chileno y uno de los más importantes en Latinoamérica.

Tenemos, por tanto, un conjunto de políticas privatizadoras en América Latina del sector eléctrico y de energías, más un holding chileno con amplia inserción en Latinoamérica. Es este campo el que genera los incentivos para la llegada de las IED españolas en Chile en general y de Endesa España en particular.

Sector eléctrico, el Grupo Endesa

En 1997, Endesa España entra al mercado latinoamericano eléctrico de la mano de Enersis, vía una alianza estratégica entre ambas, adquiriendo de este modo un 29% [3] del capital social de Enersis (1.179 millones de dólares). En 1999, Grupo Endesa realiza una OPA agresiva sobre Enersis, adquiriendo otro 32% de las acciones de dicho holding y el mismo año realiza una segunda OPA agresiva (hablamos de una inversión de 2.146 millones de dólares) que le permite el control, esta vez, de Endesa Chile.

Finalizado el proceso que dura tres años, Endesa España se hace cargo del holding de Enersis, con el 63,9% del capital social (ver gráfico1 en la edición en papel o en PDF).

El anterior proceso se circunscribe en el más amplio objetivo del Grupo Endesa de consolidar una posición dominante en el mercado eléctrico latinoamericano, que incluía adquisición de empresas en Argentina, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En el momento en el que el Grupo Endesa se hace con las más importantes empresas eléctricas comienza un importante proceso de desinversión, llamado “Plan Génesis”. Lo anterior es debido, principalmente, a la adecuación al proyecto de especialización en el sector energético, por la crisis energética chilena entre 1998-1999 y por el importante endeudamiento de Enersis por la compra de Endesa S.A.

A este conjunto de desinversiones se le suma la adquisición en el año 2000 de las principales empresas eléctricas de la región metropolitana, Chilectra y Compañía Eléctrica Río Maipo S.A. [4] Mediante una OPA agresiva sobre las dos empresas, el Grupo Endesa se hace con el 98% (ya poseía con antelación un 72,6%) del capital social de Chilectra (en una inversión de 364 millones de US$) y con el 98,4% de la segunda empresa, que enfatizan la nueva especialización de Endesa en el sector energético.

Consecuencias

Apesar de los procesos anteriores de desinversión, el Grupo Endesa ha terminado poseyendo un control sobre el 53% de la capacidad del Sistema Interconectado Central (SIC) [5], mientras que, por otro lado, actualmente posee un 83% de los derechos de agua en Chile lo que le asigna un control económico tácito sobre el sector eléctrico chileno. Lo anterior es importante en la medida en que se crea en la práctica un oligopolio sobre el sector eléctrico que impide la llegada potencial de otros inversionistas, y que, en cuanto el campo eléctrico es un monopolio natural y un núcleo estratégico de una economía nacional, el que controla dicho sector aumenta considerablemente su poder. Sólo basta recordar la huelga de inversiones en el año 2005 por parte de Enersis, la empresa Suez Lyonnaise des Eaux S.A., asociada con el Grupo Matte en Colbún, y la empresa AES en Gener (EEUU), que tuvo una manifestación clara en el apagón general sobre seis regiones del país el 23 de septiembre del 2002. [6]

Por otro lado, las políticas de inversión reales que ha efectuado el Grupo Endesa España en Chile han sido en gran medida de traspaso de propiedades, originalmente en posesión de accionistas nacionales (fondos de pensiones principalmente). Tal como vemos en el recuadro, las inversiones más sustanciales corresponden a los procesos de transferencia de propiedad ya nombrados. En este sentido, tal como afirma Rozas, el accionariado del Grupo Endesa “se relaciona más con objetivos de consolidación de posiciones alcanzadas y con la elevación de tasas de rentabilidad de las filiales, y menos con la creación de capacidad productiva, sus inversiones en el sistema eléctrico chileno se han limitado a la continuación de los proyectos programados por Endesa S.A., de Chile, y/o por Enersis durante los años noventa, cuando el grupo español no tomaba todavía el control del conglomerado eléctrico chileno”. [7]

Las inversiones productivas realizadas por Endesa España corresponden a proyectos ya elaborados por los antiguos accionistas. Las inversiones más importantes que ha realizado Endesa España han sido la central Ralco y Palmucho (ya planificado en los noventa por los antiguos accionistas) y su participación mayoritaria en el proyecto de Hidroaysén.

Considerado por el entonces presidente de Endesa, Luis Rivera, como “uno de los mayores emprendimientos eléctricos de los últimos tiempos de Chile, de toda América Latina y, si me apuran, del mundo” [8], el proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, con una inversión de 570 millones de US$, inicia sus actividades en el año 2004, por un lado con una potencia instalada de 570 MW, una generación media anual de 3.100 GWh y aportando el 9% de la energía requerida por el SIC y, por otro, inundando 3.500 hectáreas ancestrales de los mapuche pehuenches y forzando la relocalización de alrededor de 500 miembros de aquellas comunidades. Esta contradicción entre un crecimiento económico y derechos indígenas y medioambientales se manifiesta, de nuevo, en el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén.

En el año 2005, Colbún S.A. y Endesa formulan el proyecto de la construcción de seis centrales hidroeléctricas en la IX región que generarían un 35% del consumo eléctrico chileno. Con un 51% del capital social en manos de Endesa, este proyecto recibió un amplio apoyo por parte de la elite política tanto de la Concertación (coalición de centro) como de la Alianza por Chile (coalición gobernante en ese momento). Apesar de esto, se generó un amplio movimiento nacional con redes internacionales que buscan enfatizar la destrucción ambiental de la Patagonia y la degradación cultural de la población indígena que vive en estos territorios. [9]

El proyecto cambia de dueño el año 2007, año en que Endesa comienza un proceso de “reestatización”, pero esta vez en manos del Estado italiano. En el 2007, Enel [10] adquiere el 24,9% de Endesa España, y junto con la empresa inmobiliaria Acciona devienen en pacto controlador, lo que se traduce en la práctica en el control de Enersis y, por lo tanto, en un agente principal del SIC chileno. La salida de Endesa España del sector eléctrico chileno marca el fin de un ciclo, pero da comienzo al nuevo ciclo del capital italiano en el sector eléctrico. Sus consecuencias están por verse, sólo tenemos claro que ENEL ha recortado el 45% de las inversiones de Endesa [11], dando indicios de que el horizonte no va a ser muy diferente de lo que se está viviendo hoy

José Miguel Ahumada es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo ha sido publicado en el nº 43 de la edición impresa de Pueblos, julio de 2010, Especial Multinacionales.

[1] Monckeberg, M. O. (2001), El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, Ediciones B Grupo Zeta, Santiago, Chile.

[2] Holding privado chileno con filiales como Endesa y Chilectra.

[3] El mismo año Grupo Endesa aumenta su capital social sobre Enersis a un 32%.

[4] Posteriormente, Endesa debe vender dicha empresa en el marco de un segundo proceso de desinversión.

[5] Es una red de conexiones eléctricas creada por el Estado chileno entre 1940 y 1950, que va desde la tercera región hasta la décima región abasteciendo aproximadamente el 93% de la población chilena.

[6] Herreros, F.(2009), «La “reestatización” de Endesa profundiza la privatización de la energía eléctrica » en http://www.rebelion.org/noticia. php?id=84135

[7] Rozas Balbontín, P. (2009), Internacionalización y expansión de las empresas eléctricas españolas en América Latina, Editorial LOM, Santiago, Chile.

[8] Aylwin, J. (2004), "Se inauguró la central Hidroeléctrica Ralco en Bío Bío", en http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/medioambiente/ma-ntcs-05.htm

[9] Un ejemplo bastante interesante de estas respuestas de parte de la sociedad civil es el del movimiento “Patagonia Sin Represas”, que articula grupos de agitación, intelectuales, artistas, y que participan en todo tipo de actividades, vinculándose con partidos y movimientos políticos. Para ver sobre esto, www.patagoniasinrepresas.cl

[10] Tal como dice el Director de el diario “El Siglo” “Ente Nazionale per l' Energie Electrica, Enel SpA, es la mayor empresa eléctrica de Italia y la segunda de Europa por capacidad instalada. Luego de la adquisición de Endesa España, produce, distribuye y vende electricidad y gas en 22 países de Europa, Norteamérica y América latina, con una potencia de unos 83.000 MWS, y una cartera de más de 52 millones de clientes. Es también el segundo operador de gas natural en Italia, con cerca de 2,6 millones de clientes y una cuota de mercado del 10% acerca de en términos de volumen.” (Herreros, 2009).

[11] “Enel recorta un 45% las inversiones de Endesa nada más tomar el control”, El País, 13 de marzo de 2009.

Los seis objetivos por los que EE UU amenaza la paz en el mundo

Revista Pueblos — 2010-08-31T06:00:00Z

¿Es Irán el principio y fin de las medidas militares que Estados Unidos e Israel están a punto de aplicar? La respuesta es: definitivamente, no. Respaldados por una campaña mediática, Estados Unidos e Israel han encontrado en el programa nuclear trabajado por Irán (que hasta ahora Washington y Tel Aviv no han podido probar que persiga fines militares) el motivo para afinar los preparativos de un ataque a territorio iraní. Al menos hay seis objetivos reales que amenazan con hacer estallar una guerra de dimensiones mundiales.

En la primera quincena de mayo, en una declaración no lo suficientemente difundida por las grandes cadenas transnacionales de la información, el presidente ruso Dimitri Medvedev advertía que una guerra contra Irán podría convertirse en una Tercera Guerra Mundial.

Casi un mes después, en una reflexión titulada “Saber la verdad a tiempo” [1], el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, afirmaba que el momento en el cual Estados Unidos e Israel "intenten inspeccionar el primer buque mercante de ese país (Irán), se desatará una lluvia de proyectiles en una y otra dirección. Será el momento exacto en que se iniciará la terrible guerra".

Ambas advertencias no carecen de sentido. Estados Unidos e Israel (su personificación en el Medio Oriente) han desplazado el 18 de junio más de doce buques de guerra por el Canal de Suez, en dirección del Mar Negro, que es la ruta más directa por el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, para situarse muy cerca de las fronteras marítimas de Irán, en una clara adopción de una posición de ataque contra un Estado cuyo gobierno desafía la hegemonía imperial. Ni Barack Obama ni Benjamín Netanyahu han desmentido la información publicada en un diario con sede en Londres.

Sin embargo, el desplazamiento militar y la amenaza de uso de la fuerza no extrañan. Tres hechos ocurridos en menos de dos meses conducen a fortalecer la tesis de que una guerra nuclear acecha a la humanidad.

- Primero: El 9 de junio pasado, Brasil y Turquía (dos países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no tienen derecho a veto) no pudieron evitar que se aprobara una cuarta ronda de sanciones contra Irán que fue articulada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

- Segundo: El jueves 1 de julio el presidente Obama puso en marcha una ley aprobada por el Congreso que establece medidas represivas unilaterales y con alcance extraterritorial contra bancos y compañías energéticas y exportadoras de tecnología que negocien con ese país islámico.

- Tercero: En mayo, Estados Unidos estuvo a punto de desatar un enfrentamiento con consecuencias imprevisibles entre la dos Coreas (del Norte y del Sur), al hundir a la corbeta surcoreana Cheonan frente a sus costas, con un saldo de más de cuatro decenas de muertos y casi un número similar de heridos. [2]

Las acciones militares tácticas, pero con un claro sentido estratégico, se basan en que el 9 de abril último el gobierno iraní anunció la instalación de nuevas centrifugadoras para enriquecer uranio al diez por ciento, en el marco de un programa nuclear con fines pacíficos que hasta ahora, a pesar de sus denuncias, Estados Unidos y sus aliados en la OTAN no han podido desmentir ni mucho menos comprobar que los objetivos son militares. Lo mismo ocurre con Pyongyang, al que también se lo tiene en la mira.

En la Declaración de Teherán [3] (firmada por Brasil, Turquía e Irán) se establece que el gobierno iraní enviará 1.200 kilogramos de su uranio enriquecido al 3,5 por ciento a Ankara, a cambio de 120 kilos de uranio enriquecido al 20 por ciento para alimentar su reactor de investigaciones médicas.

Los objetivos reales

Sin embargo, una mirada más larga y consideraciones más amplias conducen a incorporar, al momento de hacer un balance y proyección de los movimientos de Estados Unidos e Israel, algunas ideas para acercarse a los objetivos reales del movimiento real de la estrategia militar imperial. Es decir, cabe la pregunta: ¿es Irán el principio y fin de las medidas militares que Estados Unidos e Israel están a punto de aplicar? La respuesta es: definitivamente, no. Y entonces, reconstruyendo piezas sueltas, inmediatamente se ponen al descubierto los siguientes objetivos, desarrollados sin orden de jerarquía en adelante.

Empero, una aclaración previa. Al igual que a causa de la disputa por áreas de influencia se produjeron la I y II guerras mundiales, de cuyas contradicciones emergió un vigoroso movimiento emancipador que empezó con el triunfo de la primera revolución socialista del siglo XX, es evidente que la apuesta por la guerra, como mecanismo imperial para salir de la crisis de la rotación transnacional en la cual se encuentra en capital, abre el gran desafío a los pueblos del mundo de construir una intersubjetividad para detener la aventura militarista y, sobre todo, para levantar más alto las banderas emancipadoras.

- El primer objetivo imperial es restablecer el predominio político y militar de Israel como encarnación de Estados Unidos, en una región en la que el teatro de operaciones tiende a ser más equilibrado y complejo. En los últimos años la creciente agresividad irracional israelita (como la expresada en el ataque a la flotilla por la libertad) [4] no ha podido evitar que la marina, la aviación y el ejército israelitas enfrenten tropiezos y no alcancen sus objetivos. La ofensiva contra el Líbano en 2006 y Gaza en 2008, para aniquilar a Hezbollah y Hamas constituyen una prueba de ello.

Para alcanzar ese objetivo, Estados Unidos e Israel han empezado a aumentar su poder militar en la región. Tel Aviv ha conseguido en los últimos meses grandes cantidades de materiales militares de Estados Unidos, particularmente las bombas Jdam (que pueden ser lanzadas a más de sesenta kilómetros del objetivo) y que ya fueron empleadas en el ataque contra el Líbano en 2006 y en la operación Plomo Fundido contra Gaza en 2008.

- En segundo lugar se ubica la destrucción de los delicados hilos que están conduciendo a la estructuración de un triángulo entre Irán, Siria y Turquía, algo impensable hace tiempo, sobre todo entre los dos primeros con el último, por enemistades de vieja data.

La condición de posibilidad del eje Teherán-Damasco-Ankara (que sentaría los cimientos para terminar con la guerra civil musulmana entre chiítas y sunnitas, así como para una inesperada relación con los países laicos, como Turquía) está dada y la preocupación estadounidense-israelí, expresada en una reunión organizada el pasado jueves en Bruselas, es un fuerte tirón de orejas para los planes hegemónicos. Ankara se ha vuelto a solidarizar con Palestina y ha cuestionado los planes estadounidenses en la región.

Lo que pasa es que los turcos están molestos por el apoyo encubierto que Estados Unidos brinda a los separatistas kurdos (que también están dentro de Irak), a los Pejak en Irán y a los de Siria, a lo que hay que sumar la demora de la Unión Europea para aceptar el ingreso de Turquía, así como el apoyo de los tres países (que juntos representan un tamaño considerable en Medio Oriente) a la causa del pueblo palestino.

Por lo demás, la apertura de fronteras para el intercambio comercial y algunas señales de colaboración entre los tres países han mostrado, en poco tiempo, las oportunidades perdidas y las potencialidades para sus economías y sus poblaciones.

- Un tercer objetivo de las maniobras militares de Estados Unidos e Israel es mantener el control sobre Arabia Saudita, un tradicional aliado de occidente que hace poco ha dado señales, sin embargo, de pretender un cierto grado de autonomía, quizá motivado por la potencialidad, si llega a consolidarse, del eje Irán-Siria-Turquía.

La señal es clara. El 14 de junio, el embajador saudí ante Inglaterra, el príncipe Mohammed bin Nawaf, desmintió al The Times por una noticia (publicada dos días antes) en la que se daba cuenta que Arabia Saudita había autorizado el uso de su espacio aéreo para atacar a Irán. Además, altos funcionarios estadounidenses e israelitas no han podido ocultar su molestia por la invitación que el rey saudita hizo al presidente iraní para hacer juntos un peregrinaje a la Meca.

Estas acciones y posiciones no conducen a confiar en un gobierno saudí históricamente aliado de Washington y Tel Aviv en la región, pero es evidente que nada de eso hubiese sucedido antes, más aún en un contexto de un fuerte predominio militar y político imperial.

- El cuarto objetivo estadounidense-israelí es contener, hasta donde sea posible, el gradual restablecimiento de la presencia rusa en esa región, de la cual tuvo que salir poco después de derrumbada la URSS y el bloque socialista del Este en la década de los 90.

El movimiento ruso no tiene pérdida. Desde el punto de vista político, el presidente Dimitri Medvedev se ha manifestado hace poco (en Damasco y Ankara) partidario de la reconciliación política entre los grupos palestinos Al Fatah y Hamas, y ha respaldado con entusiasmo el acercamiento entre Irán, Siria y Turquía. En lo económico, Rusia ha intensificado el comercio con Turquía, para lo cual ha eliminado el requisito de visas para los ciudadanos turcos. La venta de misiles S-300 a Irán está lejos de solo ser un buen negocio, que también lo es, para convertirse en parte de ese paulatino retorno al Mediterráneo.

El oro negro es uno de los fundamentos del nuevo acercamiento ruso a la región. Con una inversión de miles de millones de dólares, Rusia construirá un oleoducto entre Samsum y Ceyhan, que permitirá llevar al Mediterráneo su petróleo desde el Mar Negro. Además, las empresas rusas Rosatom y Atomstroyexport se encuentran en plena instalación de una central nuclear en Irán y pronto estarán con similares obras en Siria y Turquía.

A la cadena de objetivos hasta ahora desarrollados se añade un quinto: La ansiedad de Estados Unidos de construir una cortina de humo ante los fracasos militares de sus aventuras militares en Afganistán e Irak. A pesar de los miles de millones de dólares gastados (que han beneficiado principalmente al privado complejo militar-industrial), el desplazamiento de centenares de miles de soldados y la muerte de otros miles, la estrategia del Pentágono no ha logrado impedir la inestabilidad de Bagdad y Kabul está demasiado lejos de ceder a la influencia de los talibanes y la resistencia afgana.

La reciente destitución del comandante de las Fuerzas de la OTAN en Afganistán, el general Stanley McChrystal, el 23 de junio, por parte del presidente Obama, a cuya administración el jefe militar criticó duramente por su posición frente a Afganistán, se ha convertido en una pista, quizá la más importante, para demostrar que una década de presencia militar se aproxima más a una reedición de Vietnam [5] que a un final victorioso. Todo indica que el general apuntó deliberadamente sus dardos contra la “guerra de Obama” [6] para ser destituido y no estar presente al momento de empezar (si se cumple el cronograma) el proceso de retirada a partir de 2011, en medio de un país incontrolable, y entregar, de esa manera, un arma a los republicanos, de los que forma parte, para la próxima campaña presidencial.

- El sexto objetivo, al que la nomenclatura estadounidense definiría como “efectos colaterales”, es lanzar un mensaje a varios países contestones de América Latina que se han atrevido, en los últimos dos años, a estrechar relaciones con Rusia, aproximarse más a China y a establecer relaciones más cercanas con Irán. Es decir, el objetivo es no perder, más de lo que ya ha perdido, su hegemonía en el continente, donde hoy se lleva adelante un tercer momento emancipador.

El presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad ha visitado Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en septiembre de 2009 y luego en noviembre de 2009 amplió la gira a Brasil, donde recibió el apoyo del presidente Lula a su programa nuclear con fines pacíficos. La reacción del Departamento de Estado de los Estados Unidos no se dejó esperar. El 11 de diciembre de 2009, cinco días después de las elecciones generales en las cuales el presidente Evo Morales fue reelecto con el 64%, la secretaria de Estado Hillary Clinton sostuvo: “es realmente una mala idea” que Bolivia establezca relaciones diplomáticas con Irán y, en alusión directa a Evo Morales y Hugo Chávez añadió: “deberían considerar las consecuencias que puede tener para ellos. Esperamos que lo piensen dos veces”.

Hugo Moldiz es periodista y escritor boliviano. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y miembro del Consejo Editorial de la revista Contexto Latinoamericano, de Ocean Sur.

Este artículo ha sido publicado en Rebelión el 8 de julio del 2010.

[1] Publicada el 27 de junio, Fidel da amplios detalles de los peligros que acechan. Otras siete reflexiones ponen al descubierto las maniobras militares de EE.UU. contra Irán y Corea del Norte.

[2] En otras dos reflexiones (“El imperio y la mentira” del 3 de junio y “en los umbrales de la tragedia” del 8 de junio), el líder histórico de la revolución cubana aporta elementos irrebatibles de las acciones y las intenciones estadounidenses.

[3] La Declaración de Teherán fue firmada por los tres países el 17 de mayo, pero ni Brasil ni Turquía pudieron evitar la cuarto ronda de sanciones contra los iraníes.

[4] Las fuerzas armadas israelitas interceptaron la flota humanitaria que transportaba toneladas de ayuda a Gaza, bloqueada por Tel Aviv. En una de ellas lo hizo con violencia el 1 de junio, dejando diez muertos civiles y varios heridos.

[5] Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam, derrotado y con miles de muertos que los ciudadanos de ese país aún lloran.

[6] La guerra de Obama” es como el intelectual argentino Atilio Borón denomina, en uno de sus últimos artículos, a la decisión del presidente estadounidense de mantener la fuerza antes que las ideas para dominar el mundo.

Pueblos nº 43 - Julio de 2010 - Especial multinacionales

Revista Pueblos — 2010-08-30T10:51:28Z

El último número de la edición impresa de Pueblos está dedicado por completo al análisis de las multinacionales españolas. Este especial está estructurado en tres secciones principales: "Inversiones. La expansión de las multinacionales españolas", "Consecuencias de la expansión de las empresas españolas" y "Resistencias frente a la acción de las multinacionales". Incluye además un editorial y una página con recursos sobre los temas abordados.

Cubierta:

Iván Torremocha - Creatividad y comunicación

Editorial:

Las multinacionales españolas y el gran reto del respeto a los derechos humanos, p.4

Inversiones. La expansión de las multinacionales españolas

Multinacionales españolas en América Latina: nuevas estrategias para extenderse a nuevos mercados (Pedro Ramiro), p.5

Argentina: la inversión extranjera y las privatizaciones (Marisa Bordón), p.8

Bolivia, entre el proceso de cambio y el poder de las multinacionales españolas (Erika González y Tania Martínez Portugal), p.11

La inversión española en Chile: auge y caída de Endesa (José Miguel Ahumada), p.14

Las inversiones españolas en el sector financiero mexicano. Dos historias entrelazadas (Samuel Verbanaz), p.17

La Inversión Extranjera Directa y las empresas transnacionales en Centroamérica (Benjamín Ramos y Laura Zavaleta), p.20

¿Más libre comercio genera más crecimiento y más bienestar? Tratados de partenariado económico en África: multinacionales, derechos humanos y desarrollo (Gemma Tarafa y Miquel Ortega), p.23

Consecuencias de la expansión de las empresas españolas

Empresas transnacionales españolas: a más beneficios, menos salarios (Alberto Garzón Espinosa), p. 26

La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa: análisis de diez multinacionales españolas (David Gutiérrez Sobrao), p.29

Y para este viaje, ¿hacían falta alforjas? Análisis de los nuevos instrumentos generadores de deuda (Daniel Gómez - Olivé), p.32

Seguridad jurídica, ¿para quién? (Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro), p.35

Resistencias frente a la acción de las multinacionales

América Latina, a propósito de las resistencias contra las multinacionales (Alfonso Moro), p.38

Nuevo precedente de lucha en el capitalismo actual: I Encuentro Internacional de los Afectados por Vale (Ana S. Garcia), p.41

"Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos". Tribunal Permanente de los Pueblos - IV Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas" (Laura Toledo Daudén y Erika González), p.45

IV Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas". Contra la Europa del capital y sus crisis (Laura Toledo Daudén), p.49

Recursos Disponible en la edición escrita y en el PDF.

Listado de referencias (observatorios en el Estado español, observatorios internacionales, redes y campañas, documentales y audiovisuales e instituciones y organismos oficiales). (OMAL), p50.