La cooperación descentralizada ha alcanzado enorme relevancia en los últimos años. En España, en los años 80 del pasado siglo se produjeron las primeras experiencias de cooperación en el ámbito descentralizado, en buena medida como una respuesta de los gobiernos locales y autonómicos a las demandas de colectivos sociales comprometidos con objetivos de justicia en las relaciones Norte-Sur. En la década siguiente comenzó a generalizarse la puesta en marcha de políticas de cooperación descentralizada en la totalidad de los gobiernos autonómicos y en buena parte de las entidades locales españolas. Nuevamente fue el impulso de la sociedad civil (especialmente en los años de mayor intensidad del denominado Movimiento 0,7) una de las razones del auge de la cooperación descentralizada en un contexto en el que diferentes comunidades autónomas abordaban sus primeros proyectos de internacionalización[1].
Un goteo de noticias y datos nos pueden ayudar a visionar la debacle económica a la que se acerca Europa y en la que ya estamos inmersos países como Grecia, Portugal, España e Italia.
En el actual mundo del consumo exprés de la información hasta los desastres naturales y humanos tienen su pronta fecha de caducidad. El alcance trágico del evento, alimentado por un sinfín de imágenes impactantes, puede prolongar su presencia mediática. Pero al final no hay tiempo para digerir las noticias, ya se trate incluso de una catástrofe. El análisis de las causas estructurales y la búsqueda efectiva de soluciones queda frecuentemente al margen de los espacios de debate de los grandes medios. Finalmente el acontecimiento cae en el olvido tras el torrente de noticias que se suceden y que se pisan entre sí.
“La huelga general no ha paralizado el país”, repite el piquete de la derecha desde ayer, con tono triunfal. Frente a la consigna, caben dos respuestas: una es entrar al trapo, jugar en su terreno y con sus reglas, con su lenguaje y sus parámetros para medir huelgas, y perdernos así en una discusión de cifras, porcentajes, consumo eléctrico, comparaciones históricas, etc.
Bancos y cajas anuncian que paralizarán los desahucios "en casos de extrema necesidad", y es inevitable preguntarse cuándo un caso es extremo para ellos, que llevan tiempo permitiendo la ejecución de las tragedias, hasta alcanzar una media de 512 desahucios diarios.
El pueblo indígena no es un bando, ni mucho menos un actor armado como algunos insinúan. Es una víctima más del eterno conflicto social y armado colombiano.