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No descubrimos nada nuevo. La política y el sistema de cooperación han respondido siempre a una matriz unilateral, arbitraria y discrecional. Si alguna de sus implementaciones ha tenido impactos notables en la transformación de las condiciones de vida de algunas poblaciones, ha sido por razones ajenas al común de las prácticas defendidas y articuladas en lo que hemos conocido hasta ahora como política de cooperación para el desarrollo. Al contrario, ésta ha estado guiada por razones a menudo no tan confesables de carácter geoestratégico, geo-económico o comercial, es decir, siempre se ha comportado como una política que respondió prioritariamente (si no exclusivamente) a los intereses de los donantes. En efecto, el peso que la dirección de la financiación ha tenido en el establecimiento de las relaciones acabó por consolidar una cadena de la ayuda, en la que, al contrario de lo que afirman sus principios y valores comúnmente aceptados, la igualdad de los socios a ambos lados de la cooperación nunca ha dejado de ser nada más que parte de su discurso.

La situación actual de la cooperación internacional responde a la lógica de reformas económicas, recortes sociales, eliminación de subvenciones públicas y desmantelamiento del Estado del Bienestar que sigue al estallido financiero de 2008. De ahí que estemos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda, con el objetivo de reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur global, los que son considerados los principales actores sociales (gobiernos y organismos internacionales, grandes corporaciones y organizaciones de la sociedad civil) en las estrategias de lucha contra la pobreza. En el marco de las contrarreformas estructurales que vivimos en la actualidad, la cooperación no está teniendo un destino diferente al del resto de servicios públicos como la sanidad, el agua o la educación: la privatización y la mercantilización.