Artículos de jose
La mañana del 2 de septiembre de 2015 el mundo amanecía y veía cómo las portadas de diarios e informativos repetían sin cesar la imagen del cuerpo del pequeño Aylan Kurdi, de tres años, en la orilla de una playa turca.
En Colombia en el momento de escribir estas líneas se piensa ya en la fecha, no sin dificultades, para la posible firma de un Acuerdo entre el Gobierno y la principal guerrilla de este país, las FARC-EP[1]. En estos días se abordan en La Habana los últimos puntos de las negociaciones centrados en el Fin del Conflicto y Verificación, Refrendación e Implementación del Acuerdo de Paz que garantice una paz duradera. No obstante, ante este acontecimiento histórico en un país que lleva cerca de 60 años en guerra, no hay que olvidar que aún hay insurgencias levantadas en armas, entre las que destaca el ELN[2]. Este grupo insurgente y el Gobierno se han embarcado en un pulso, tanto dialéctico como militar, que aleja de momento la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para superar el conflicto armado en el país definitivamente. A esta situación, se suma la preocupación desde diversos sectores por el aumento del paramilitarismo en no pocas regiones del país que amenaza la implementación de los Acuerdos en territorios muy castigados por la guerra. Ante este panorama, se hace necesario distinguir entre un simple cese de hostilidades y la firme voluntad de superar las causas profundas de este conflicto armado para conseguir una paz duradera.
Los Estados miembro e instituciones de la UE han ratificado en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nueva York y la financiación del desarrollo de Addis Abeba, comprometiéndose a cumplir con la nueva Agenda 2030 y la necesidad de “ir más allá de la AOD”, para lo que afirman que van a tratar de ayudar a reorientar los ingresos nacionales, las inversiones extranjeras y los flujos financieros internacionales a estos nuevos objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Europa se compromete con esta revisión parcial de las propuestas de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y trata de compatibilizarla con su agenda neoliberal capitalista, que sigue otorgando poder económico y jurídico a las empresas transnacionales[1], y que es profundamente insolidaria con el bienestar y desarrollo de los países del Sur. Algo no casa.
Volkswagen ha trucado los motores de sus coches. Once millones de automóviles. La noticia corrió como la pólvora, a rebufo de los medios tradicionales y las redes sociales. Poco después nuevas firmas automovilísticas añadieron su nombre a la lista de tramposos. ¿Qué implican los engaños de la, hasta entonces, reputada industria alemana?, ¿a quién perjudican?, ¿qué hay detrás?
¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La Unión Europea y cada una de sus instituciones nos están dejando cada vez más claro cuál es su papel fundamental. Mientras se desmorona la ficción de un proyecto europeo de unión solidaria de los pueblos para homogeneizar al alza nuestros derechos y libertades, tal y como nos vendieron en los ochenta, asistimos al surgimiento de un dogma. El dogma de que no existen alternativas a las políticas que imponen los poderosos a través de las instituciones europeas. Si antes presenciamos el chantaje para la implantación de políticas económicas beneficiosas para el pueblo y perjudiciales para la mayoría social, hoy volvemos de nuevo al no hay alternativa.
