Los 136.680,87 euros concedidos por la Junta de Extremadura tienen un destino concreto: redactar proyectos de obras y planes directores para inmuebles del patrimonio histórico y cultural. Para los municipios y entidades locales menores beneficiarios, la Línea 2 financia esa preparación técnica, sin que la concesión suponga financiar la ejecución material de las intervenciones. La resolución está fechada el 20 de octubre de 2026 y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 3 de noviembre.
La decisión resuelve una convocatoria de abril cuyo plazo de solicitudes ya está cerrado: la ficha administrativa de la Junta lo sitúa entre el 28 de abril y el 27 de mayo. El paso actual corresponde, por tanto, al desarrollo de los trabajos concedidos y al cumplimiento de sus condiciones, no a una nueva oportunidad para presentar solicitudes.
Qué documentación se financia
La convocatoria distingue dos herramientas. El proyecto de obras define intervenciones de conservación, restauración o reforma. El plan director tiene una función más amplia: según la Junta, debe identificar y ordenar por prioridad las medidas de investigación, documentación, restauración, adecuación a la visita y conservación preventiva. Que contemple la visita pública como ámbito de planificación no equivale a que esta concesión haya ejecutado mejoras para los visitantes.
Los gastos admitidos incluyen los honorarios por redactar los documentos técnicos y los estudios geotécnicos y levantamientos topográficos, planimétricos y fotogramétricos necesarios. Además, el equipo redactor debe reunir, como mínimo, las especialidades de Arquitectura y Arqueología. Es una exigencia de composición del equipo para ambos tipos de documento, no una colaboración opcional.
La financiación está sujeta a dos topes simultáneos: no puede superar el 80 % de la inversión subvencionable ni los 15.000 euros por actuación. La entidad beneficiaria debe asumir la diferencia entre la cantidad concedida y el coste total de la actividad. Las partidas no subvencionables quedan fuera del cálculo y la Consejería no asume su coste. Pueden concurrir otras ayudas para la misma finalidad, siempre que la suma no rebase el coste de la actuación.
Cómo se cuentan los plazos
El calendario combina una fecha de inicio con plazos posteriores a la concesión. El periodo subvencionable comienza el 1 de enero de 2026, pero finaliza a los quince meses contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Dentro de ese calendario, los primeros diez meses tras la publicación se destinan a redactar el proyecto o plan director. Los cinco siguientes corresponden a obtener el visado colegial, cuando proceda para los proyectos de obra, y el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico correspondiente.
La entrega final debe incluir el proyecto o plan director, el informe favorable de la comisión y los certificados de solvencia exigidos. La rendición de cuentas también alcanza a la financiación: debe justificarse el importe total de la actividad conforme al presupuesto presentado, con independencia del porcentaje subvencionado. El plazo para esa justificación termina tres meses después de finalizar el periodo de ejecución.
Para el siguiente paso económico, la resolución prevé durante 2026 un pago único anticipado del 100 % de la subvención concedida, condicionado a su publicación y aceptación por la entidad beneficiaria. Antes del pago también debe acreditarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la ausencia de deudas con la Hacienda autonómica. Ese anticipo se refiere a la ayuda concedida: los límites de cofinanciación y las obligaciones de entrega y justificación siguen siendo exigibles.